03 de agosto de 2020
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

Delgado activa a la Fiscalía para taponar la vía penal del Covid contra Sánchez

Dolores Delgado en una comparecencia en el Congreso.

Dolores Delgado en una comparecencia en el Congreso.

El Ministerio Fiscal deberá fijar criterio sobre el medio centenar de denuncias y querellas presentadas ante el Supremo. Delgado se ha inhibido pero su primer movimiento ha causado recelos.

Es la hora de "Lola", como llaman todos en el PSOE a Dolores Delgado. Y como también la llamaba amigablemente el famoso excomisario Villarejo en las grabaciones.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo pidió este jueves formalmente a la Fiscalía que se pronuncie sobre las 36 denuncias y 15 querellas que se acumulan contra Pedro Sánchez y varios miembros más del Gobierno por la gestión de la crisis del coronavirus y el largo reguero de muertos (oficiosamente, unos 45.000). Al tratarse de la vía penal y de miembros del Ejecutivo, el tribunal al que le corresponde es el Supremo.

Estando la exministra Delgado por medio, las suspicacias sobre la futura decisión del Ministerio Fiscal no han tardado en surgir; por más que el entorno de la Fiscal General del Estado se haya ocupado de aclarar que ésta se inhibirá al ser un asunto relacionado con el Gobierno.

Y es más que eso. Está en juego todo el relato del Ejecutivo sobre su actuación en esta pandemia: el caso omiso a las señales de alarma que llegaron de la OMS desde finales de enero, la manifestación del 8 de marzo, el desabastecimiento de material para los sanitarios, las mascarillas fake que después el Ministerio de Sanidad repartió por toda España y los fallecidos en las residencias. 

La Fiscalía debe decidir si hay indicios para investigar. Está en juego si hubo responsabilidad penal en la celebración del Día de la Mujer, o si pudo cometerse algún delito contra la salud de los trabajadores, o de omisión del deber de socorro (en las residencias). O incluso un delito de homicidio imprudente. Aunque esto último, según fuentes jurídicas consultadas por ESdiario, es altamente improbable. 

Pese a que la Fiscal General ha delegado el asunto, la polémica está servida en la Fiscalía. En teoría, y según el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, cuando se trata de temas que afectan a miembros del Gobierno "el Fiscal General deberá oír con carácter previo a la Junta de Fiscales de Sala". Ello habría ahuyentado, o al menos aminorado, las sospechas sobre los criterios políticos empleados por un órgano teóricamente autónomo pero de cuyo control se jactó Pedro Sánchez en una entrevista en RNE

Sin embargo, Delgado no tiene la más mínima intención de reunir a la Junta de Fiscales, sino que ha delegado en el teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, que a su vez para fijar criterio puede contar con los fiscales que considere de manera discrecional. No va por turno.

Entre las demandas y querellas las hay presentadas por sindicatos médicos, de enfermería, de Policía, por familiares de los fallecidos (sobre todo en las residencias), por Vox... un totum revolutum que el Ministerio Fiscal deberá ordenar. 

De momento solo se puede intuir por dónde podría ir la Fiscalía atendiendo a la posición que adoptó en el procedimiento de la juez de Instrucción número 51 de Madrid contra el delegado del Gobierno por el 8-M. Éste fue archivado hace 20 días. Dos días antes la Fiscalía Provincial de Madrid había pedido su archivo con el argumento de que José Manuel Franco no prevaricó ni por activa ni por pasiva y que en cualquier caso las competencias en materia de salud pública no son suyas. 

El delegado del Gobierno en Madrid cuando declaró como imputado.

 

Según las fuentes consultadas por este periódico, sí podría tener recorrido penal lo referido a la seguridad de los trabajadores. El pasado 4 de junio, la magistrada del único Juzgado de lo Social de Teruel emitió una sentencia pionera, en este caso contra el Gobierno de Aragón del socialista Javier Lambán, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y el Servicio Aragonés de Salud (SAS), por no haber dotado al personal sanitario del material de protección suficiente para enfrentarse a la Covid-19.

 

Aunque la juez resolvía una demanda de un sindicato médico por la vía de lo social, abría a su vez el camino de la vía penal en lo referido a la vulneración de la salud de los trabajadores y la falta de prevención de riesgos laborales. 

No hay que olvidar que España es uno de los países con más sanitarios muertos, y los contagiados ya superan los 52.000. En un principio el mando único de Salvador Illa no les proporcionó material de protección. Después repartió cientos de miles de mascarillas fake a profesionales de toda España que dispararon el número de positivos.

Comenta esta noticia