20 de septiembre de 2019
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

Hasta aquí: el Tribunal de Cuentas obliga a los cabecillas del 9-N a pagar

Puigdemon y Junqueras, este martes, en su improvisada comparecencia ante los periodistas.

Puigdemon y Junqueras, este martes, en su improvisada comparecencia ante los periodistas.

El órgano ha hablado a los secesionistas en el único idioma que estos parecen entender: el del dinero. Mas y diez de sus exaltos cargos tendrán que sufragar una factura de 5,2 millones.

Visto lo sucedido este martes, y con otros antecedentes sobre la mesa, queda certificado que el independentismo se revuelve cuando su desafío a la legalidad vigente afecta a su bolsillo.

El riesgo de perder su patrimonio provocó el pasado julio la primera deserción en el frente secesionista, la del consejero del PDCAT, Jordi Baiget. Y la misma razón provocó pocos días después la salida del Govern de otros tres de sus miembros: Jordi Jané, Neus Monté y Meritxell Ruiz. Todos ellos purgados por su tibieza en la ofensiva final del "procés", por el miedo a perder su patrimonio para hacer frente a las posibles y futuras responsabilidades penales.

Pues bien, la cúpula de Junts Pel Sí se ha revuelto este martes como en pocas ocasiones antes. Y justo en la víspera de una jornada que puede ser clave en el Parlamento de Cataluña, donde los partidos que apoyan la consulta del 1-O tienen previsto impulsar un pleno extraordinario para el viernes, una sesión en la que finalmente podría aprobarse la Ley del Referéndum, la iniciativa que abrirá oficialmente la llave a la consulta ilegal.

Artur Mas afronta una sanción de cinco millones de euros por organizar el 9-N. Por eso, en su declaración, atribuyó la organización a los funcionarios de su administración

El Tribunal de Cuentas acordó este martes citar al expresidente de la Generalitat, Artur Mas, junto a diez de sus exaltos cargos el próximo 25 de septiembre para fijar la llamada "liquidación provisional" de la indemnización que deberán sufragar por su condena por la organización del referéndum ilegal del 9-N, cifrada en 5,2 millones de euros. Una causa, cabe recordar, por la que el antecesor de Puigdemont está inhabilitado para ejercer cargo público.

La instructora, María de los Llanos Castellanos, fijará en esa cita la cuantía que cada uno de los exdirigentes de Convergencia debe afrontar como indemnización. Si no cumplen en el plazo fijado, el Tribunal acordará el embargo de sus bienes.

Junto a Mas, el Tribunal de Cuentas ha llamado a los exconsejeros Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau y a otros siete cargos que también participaron en la autorización de los gastos en el referéndum ilegal: Lluis Bertrán, Josefina Valls, Carolina Pardo, Jaume Domingo, lgnasi Genovés, Jordi Serra y Jordi Vilajoana.

Puigdemont y Junqueras escenificaron una comparecencia solemne reservada solamente para las grandes ocasiones del desafío

Tras conocer la resolución del órgano fiscalizador, Carles Puigdemont convocó  de urgencia en la Generalitat a su antecesor, Artur Mas, a los máximos dirigentes de las plataformas proconsulta, la Asociación Nacional Catalana y Òmnium Cultural, y varios de sus consejeros en un minigabinete de crisis. Y con toda solemnidad, por sorpresa, Puigdemont y Junqueras comparecieron ante la prensa para revolverse de forma más que agria contra la última resolución de un órgano constitucional.

El president recurrió a palabras más que gruesas. Tachó esta última decisión del Tribunal de Cuentas de "interpretación torticera" de la ley, y de un "salto cualitativo" en la "estrategia desesperada por evitar lo inevitable": el referéndum  del 1 de octubre. "Esta interpretación busca atacar derechos fundamentales en democracia. Se han saltado garantías procesales y se ha hecho en un tiempo récord", se justificó el inquilino de la Generalitat.

Ante el difícil trance que deberá afrontar en las próximas semanas Artur Mas, su sucesor garantizó su "apoyo total" y la "determinación máxima a dar una respuesta democrática, serena, pacifica y masiva". Según algunas fuentes de Junts Pel Sí, Puigdemont pretende que sean las entidades sociales las que impulsen algún tipo de cuestación para recaudar fondos con los que afrontar las sanciones que pueda imponer el Tribunal de Cuentas.

Sigue la partida de ajedrez

Mientras, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, convocó la Mesa de la Cámara catalana este miércoles a las 9 de la mañana, una hora antes de empezar el pleno ordinario que tiene previsto celebrarse. Esta decisión se conoció minutos después de que JxSí y la CUP anunciaran que han pedido formalmente en el Parlament otro pleno extraordinario para el viernes, tras el ordinario del miércoles y jueves. La petición registrada exige una sesión sobre para la "valoración de la acción política de gobierno actual y previsiones".

Sería en este pleno cuando la mayoría que suman PDCAT, ERC y la CUP daría luz verde a la Ley del Referéndum. La llave del desafío habrá girado entonces y el choque de trenes entre el Gobierno de Mariano Rajoy y los secesionistas será ya inevitable. Eso sí, desde este martes sus máximos dirigentes saben todo lo que se juegan.

 

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