29 de mayo de 2020
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

Page cumple e inicia su batalla legal contra Sánchez para recuperar lo "hurtado"

El presidente de Castilla La Mancha ya ha dado orden a sus servicios jurídicos para que inicien los trámites legales para comenzar su batalla judicial para que el Gobierno devuelva el IVA.

Emiliano García Page ha cumplido su amenaza y cuando no han pasado ni 24 horas desde que la ministra de de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, anunciase la imposibilidad del Gobierno de hacer frente a las devoluciones del IVA de 2017, ha puesto en marcha toda la maquinaria judicial de la que dispone la Junta de Castilla-La Mancha, para exigir por vía judicial los 130 millones que le adeuda el Gobierno, iniciando así  una rebelión autonómica contra el Gobierno de Sánchez que solo algunos presidentes afines intentan esquivar.

Así, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha intentado quitar importancia al asunto, argumentando que esta reclamación entra dentro de "la normalidad institucional" y se basa en los principios de la autonomía financiera y de la lealtad institucional, pero lo cierto es que deja en evidencia la evidente confrontación que existe entre el Gobierno regional de Page y el de Sánchez, sobre todo en lo que al independentismo se refiere.

 De hecho, en este sentido afirmó que "mientras llegue el dinero, bien, pero me molestaría que acabara pagándose el IVA a las comunidades autónomas porque lo pida un diputado de alguna parte de España o porque se le ocurra a los independentistas".

Pero en vista del anuncio de la ministra, que aseguraba este lunes que no es "factible" que Hacienda pueda devolver los 2.500 millones que adeuda a las comunidades del IVA autonómico de 2017 escudándose en un cambio normativo aprobado por el exministro Cristóbal Montoro, desde el Gobierno de Page han decidido iniciar esta ofensiva judicial, ya que "Castilla-La Mancha no puede renunciar a los 135 millones que le corresponden y autorizamos desde el Consejo de Gobierno al gabinete jurídico para que emprenda acciones administrativas en un principio y, si es necesario, luego de manera judicial, para recuperar estos millones que nos fueron hurtados en la liquidación del IVA del 2017.

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