La reforma del Código Penal que traman Sánchez y ERC deja atado al juez Marchena

Las palabras de José Luis Rodríguez Zapatero este pasado viernes -en una entrevista con el ideólogo de Podemos, Juan Carlos Monedero-, no pudieron ser más premonitorias. "La sentencias las tienen que gestionar los políticos", dijo el exlíder socialista en referencia a la situación generada en la política nacional tras la resolución del Tribunal Supremo sobre el procés.

Dicho y hecho. En el caserón de la plaza de la Villa de París, el juez Manuel Marchena y sus compañeros de tribunal estaban seguramente preparados para los ataques, los bulos y las manipulaciones que el independentismo está lanzando en Europa sobre la Justicia española.

Pero, claro, tal vez no estaban tan preparados para el fuego amigo. O más bien sí. Según fuentes del Alto Tribunal los jueces sí esperaban una reforma del Código Penal que les puede dejar, literalmente, vendidos.

La eventual revisión a la baja de las penas de cárcel asociadas a conductas que el Código Penal tipifica a día de hoy como sedición y rebelión obligaría a la Sala que juzgó el procés en el Supremo a aplicar un descuento de los años de condena a los líderes independentistas catalanes en prisión, han confirmado fuentes del alto tribunal.

La propuesta de reformar estos delitos en el Código Penal, lanzada por Pedro Sánchez, durante su entrevista concedida este lunes a RTVE, no ha causado sorpresa en la Sala de lo Penal del Supremo, ya que algunos de sus magistrados han venido advirtiendo de esta posibilidad incluso desde antes de conocerse la sentencia que ha condenado al líder de ERC, Oriol Junqueras, y a otros encausados a penas de entre 9 y 13 años de cárcel por sedición.

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El derecho penal no es de aplicación retroactiva salvo que ello redunde en beneficio del reo, como sería el caso. Se trata de la máxima jurídica del in dubio pro reo. Así que de rebajarse los años de cárcel previstos para los delitos de rebelión o sedición, o de ir a una nueva tipificación penal de esas conductas, los Junqueras, Forcadell, Romeva, o los Jordis se verán favorecidos.

Para más señas, el tribunal encargado de realizar dicho cambio sería el propio tribunal sentenciador en ejecución de la sentencia, al encontrarnos ahora en dicha fase procesal.

Fuentes jurídicas consultadas por ESdiario coinciden en señalar que la aplicación de esta reforma penal, al venir respaldada por una mayoría reforzada en el Parlamento, supondría un menor coste al Ejecutivo de Pedro Sánchez que la aprobación de indultos parciales o totales cuya aprobación corresponde en exclusiva al Gobierno.

Precisa mayoría absoluta en la Cámara

No obstante, la reforma legal planteada exigíria a Sánchez un mayor apoyo en el Congreso del que obtuvo para su investidura, pues el Código Penal es ley orgánica y requiere para su reforma una mayoría absoluta de apoyos (al menos 176 diputados) en una votación final sobre el conjunto del proyecto.

Es decir, el PSOE precisaría más apoyos que el ya prestado por los grupos parlamentarios que votaron a favor de la investidura de Sánchez como presidente del Gobierno. Bastaría, no obstante, con mantener dichos apoyos y obtener el sí de aquellas formaciones que se abstuvieron, como ERC y Bildu, además del voto favorable de otras como JxCat.

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Ya en 2018 Esquerra presentó una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para suprimir los delitos de rebelión y sedición del Código Penal para quienes declararan la independencia de una parte del país o para quienes convocasen o promovieran referendos careciendo de competencia para ello.

Ahora, Sánchez ha abierto un melón que la mayoría de los juristas consideran inconveniente si no es fruto de una meditada reflexión teórica y nacida de un pacto entre los dos grandes partidos nacionales. No parece que vaya a ser el caso.