18 de noviembre de 2019
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

Puigdemont entra en pánico al conocer el informe que le llevará a la cárcel

La cárcel planea ya sobre Forcadell, Puigdemont y Junqueras.

La cárcel planea ya sobre Forcadell, Puigdemont y Junqueras.

El departamento que dirige José Manuel Maza amplía la acusación de rebelión a la Mesa del Parlament, al vicepresidente Junqueras y a los miembros del Govern. El Supremo tendrá la palabra.



Pase lo que pase este viernes en el Parlamento de Cataluña, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, cierra en las últimas horas el documento definitivo que puede acabar con el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en prisión. Se trata de la querella por un delito de rebelión -penado con 30 años de prisión- que el Ministerio Público presentará ante el Tribunal Supremo, aunque se había manejado la posibilidad de que fuera ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

El delito de rebelión está regulado por el artículo 472 del Código Penal y que castiga con penas de cárcel a los responsables de:

"Derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución"

"Impedir la libre celebración de elecciones para cargos públicos"

"Declarar la independencia de una parte del territorio nacional"

"Sustituir por otro el Gobierno de la Nación o el Consejo de Gobierno de una Comunidad Autónoma, o usar o ejercer por sí o despojar al Gobierno o Consejo de Gobierno de una Comunidad Autónoma, o a cualquiera de sus miembros de sus facultades, o impedirles o coartarles su libre ejercicio, u obligar a cualquiera de ellos a ejecutar actos contrarios a su voluntad".

 

Pero no solo Puigdemont será acusado de fomentar la rebelión de la Generalitat. La Fiscalía General prevé incluir a los miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña, con Carme Forcadell a la cabeza, en la querella. Esta denuncia, que inicialmente se anunció que se presentaría contra el presidente de la Generalitat, podría incluir también al vicepresidente Oriol Junqueras y al resto de miembros del gobierno autonómico por la labor que están realizando para llevar a cabo su proyecto secesionista.

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