La ministra de Justicia se lía y empeora el ridículo del Gobierno con Llarena

La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de recular y pagar la defensa del juez Pablo Llarena en Bélgica como le pedían el CGPJ y las asociaciones de jueces y fiscales no termina de contentar a nadie en la oposición. 

El clamor de la sociedad obliga al Gobierno a cambiar de opinión sobre Llarena

El PP no se fía, y por ello su portavoz en el Senado, Ignacio Cosidó, ha anunciado este lunes que los populares mantienen su plan de registrar en la Cámara Alta -donde tienen mayoría absoluta- una moción para exigir a Pedro Sánchez que defienda "sin fisuras" al magistrado instructor de la causa del procés y la "soberanía española".   

Un Gobierno que cambia de criterio como de chaqueta no ofrece la más mínima confianza. Mantendremos nuestra petición en ⁦@Senadoesp⁩ para dedender al juez Llarena y nuestra soberanía por si ⁦@sanchezcastejon⁩ da un nuevo bandazo. https://t.co/nBG4cmdX0f

— Ignacio Cosidó (@Ignacos) August 27, 2018

También Ciudadanos tiene previsto registrar este lunes en el Congreso una proposición no de ley para instar al Gobierno a apoyar a Llarena.

Y Podemos prefería que el magistrado se pagara él solo su defensa, como era la idea inicial del Ejecutivo y como ha dejado caer su secretario de Organización, Pablo Echenique, en RNE. "La primera posición que manifestó el Gobierno era la más sensata", según él. 

Precisamente a la radio pública ha concedido su primera entrevista la ministra de Justicia, Dolores Delgado, para negar que haya habido un cambio de criterio del Gobierno y tampoco tensiones entre la Abogacía del Estado y su ministerio. 

Sin embargo, la ministra se ha enredado en sus respuestas al asegurar que "no ha habido un cambio de posición del Ejecutivo o del Ministerio de Justicia" sino "un estudio de cada una de las acciones que se debían realizar para realizarlas bien".

Según Delgado, se han publicado "determinadas informaciones" que no sabe "si interesadas o intoxicadas", en las que se "manejaba documentación que no eran informes definitivos", ya que desde el informe inicial que hizo la Abogacía del Estado sobre el caso y en el que "no entra en el fondo" de la demanda contra Llarena puesto que el Gobierno aún no la tenía, "no existe ni un sólo informe oficial" que cierre la posición del Ejecutivo.

"No existe un solo informe oficial, sí hay documentos de trabajo en los que hemos planteado muchas alternativas porque somos responsables y tenemos que pensar todas las consecuencias técnico jurídidas de lo que hacemos", ha detallado.

En esta línea, ha argumentado que el Gobierno ha hecho "un ejercicio de transparencia": "Cada paso que ha dado el Ministerio de Justicia, la Abogacía General del Estado, las personas y el equipo que estamos involucrados en el estudio de este asunto ha sido comunicado y por eso hemos ido en esta evolución".