La Constitución destroza el intento de echar a los padres de la educación

"Los hijos no son de los padres". La tremenda frase es de la ministra de Educación, Isabel Celáa, y resumen la intención de Pedro Sánchez, apoyado en el PSOE y en Podemos, de evitar que los progenitores participen en la educación de sus hijos y conozcan de antemano, para dar permiso o no, las actividades y talleres extraescolares orientados a imbuirles conceptos de ideología de género, entre otros, en nombre de su concepto de Igualdad.

El objetivo, que se combina con otras medidas como rebajar la edad de voto a los 16 años o quitarle a los padres el derecho a conocer y permitir abortos en casos de menores de edad, según anuncio de Irene Montero; choca sin embargo con un muro legal que protege a los padres y de algún modo avala el llamado "pin parental".

Y es que el artículo 27 de la Constitución es muy tajante al respecto, tal y como reconoce el propio Congreso en su documentación y reafirman innumerables sentencias del Tribunal Constitucional. El punto 3 del citado artículo es clarificador: "Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones".

El texto constitucional, que es el del mayor rango en España, no solo avala el derecho paternal a participar en la educación de los hijos, sino que incluso pone en discusión la decisión del Gobierno, ya anunciada, de incluir en la derogación de la LOMCE la exclusión de la Religión como materia lectiva.

Educación ideológica

La polémica responde al objetivo gubernamental de meter en los colegios, sin posibilidad de que los padres lo autoricen o rechacen, todo tipo de formación extraescolar que, apelando a valores de igualdad y tolerancia ya recogidos en la Constitución y presentes en distintas asignaturas, suponga un paso más en el criterio ideológico de Podemos y del PSOE.

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En ese sentido, cabe recordar que el criterio de igualdad presente en el Ministerio del ramo incluye, por ejemplo, la designación como Directora de la Mujer de Beatriz Gimeno, firme defensora de promocionar el lesbianismo como condición sexual de todas las mujeres o convencida de que el "sexo heteropatriarcal" es una dominación del hombre sobre la mujer que debe compensarse practicando la penetración anal a los barones.

Murcia Madrid y Andalucía, con distintos matices, han mostrado ya su oposición tajante a que se excluya a los padres de la educación de sus propios hijos, pero el Gobierno ha anunciado que recurrirá incuso a la Justicia para lograr su fin, con la excusa de que en esos Ejecutivos regionales se pretende censurar la educación en valores que, en realidad, nadie rechaza.