25 de noviembre de 2020
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

El juez imputa al administrador de Podemos por "delito electoral" con Neurona

Pablo Iglesias pasa por delante de Irene Montero, sentada en el banco azul del Gobierno.

Pablo Iglesias pasa por delante de Irene Montero, sentada en el banco azul del Gobierno.

El juez Escalonilla llama a declarar a Carlos García Ramos, uno de los dos administradores de Unidas Podemos, por un delito electoral. El otro ya está también imputado en la causa.

La investigación sobre los dineros de Podemos y la presunta financiación ilegal electoral del partido de Pablo Iglesias sigue avanzando. Y el juez Juan José Escalonilla, que rastrea los contratos de la formación morada con la polémica firma Neurona, ligada a Juan Carlos Monedero, ha adoptado este viernes una reveladora decisión: imputar al segundo administrador electoral de Unidas Podemos. El otro, ya lo está.

Y los problemas judiciales para el vicepresidente segundo de Pedro Sánchez no amainan, en vísperas de que la Fiscalía informe oficialmente al Tribunal Supremo sobre si debe ser llamado a declarar por tres delitos en el caso Dina.

El juez Escalonilla: "Los hechos resultan expositivos de una distracción de dinero proveniente en dicha cuenta electoral presuntamente constitutiva de un delito electoral"

De momento, en el frente sobre la presunta financiación ilegal, el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid ha citado a declarar en calidad de imputado a Carlos García Ramos, uno de los dos administradores mancomunados de la coalición electoral Unidas Podemos -el otro ya estaba investigado-, por los contratos suscritos con la consultora política Neurona con motivo de las elecciones generales del 28 de abril de 2019.

El magistrado Juan José Escalonilla ha citado a García Ramos para que declare el próximo 13 de noviembre por un presunto delito electoral. En su auto, el instructor advierte de que "existen indicios racionales acreditativos de que los pagos efectuados a la sociedad mercantil Neurona Comunidad S.L, constituida mediante escritura pública en fecha 19 de marzo de 2019, (... ) no tuvieron como finalidad el pago de servicio alguno prestado con ocasión de las elecciones generales del 28 de abril de 2019 y calificable como gasto electoral".

El contrato entre Podemos y Neurona, formalizado el 6 de mayo de ese año pero cuyo borrador data del 25 de febrero, fue por valor de 363.000 euros que se pagaron con tres transferencias desde una de las cuentas cuya titularidad pertenecía a la coalición electoral y que gestionaba García Ramos de forma mancomunada con otro administrador, Daniel de Frutos Ramírez.

 

Los negocios de Juan Carlos Monedero a la sombra de Podemos siguen acechando a Iglesias en los tribunales.

 

Para el juez, "dichos hechos resultan expositivos de una distracción de dinero proveniente en dicha cuenta electoral presuntamente constitutiva de un delito electoral tipificado en el artículo 150 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, (...) que solo puede ser cometido por los administradores generales y de las candidaturas, así como por las personas autorizadas a disponer de las cuentas electorales". Por todo ello, Escalonilla considera que procede tomar declaración a García Ramos en calidad de investigado.

El pasado mes de julio ya fueron citados como investigados De Frutos; el secretario de Comunicación de Podemos, Juan Manuel del Olmo; la gerente del partido, Rocío Esther Val; y la responsable de Compras y Finanzas de la formación, Andrea Deodato; así como el administrador y la persona de contacto de Neurona, Elías Castejón y Eduardo López, respectivamente. Todos ellos deberán declarar entre el 13 y el 20 de noviembre.

 

Esta causa parte de la denuncia realizada en diciembre de 2019 por el ex abogado de Podemos José Manuel Calvente sobre cuatro supuesto delitos: los servicios electorales contratados con Neurona y ABD Europa; el pago de 50.000 euros de la Caja de Solidaridad del partido a la asociación #404 Comunicación Popular ; el acceso no consentido al disco duro de una de las trabajadoras moradas -la abogada Marta Flor-; y la licitación irregular de obras, incluida las de la nueva sede nacional.

Este mismo viernes se ha sabido que Escalonilla ha ordenado el sobreseimiento provisional de la causa en lo relativo a la presunta caja B de Podemos. El juez ha descartado el delito de administración desleal al considerar que "no resulta anómalo o extraño que el numerario de la Caja de Solidaridad sea destinado a fundaciones o movimientos cercanos al partido político".

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