28 de septiembre de 2020
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

Iglesias tiene la tétrica cifra de muertos en residencias pero no quiere darla

Pablo Iglesias la semana pasada en el Congreso.

Pablo Iglesias la semana pasada en el Congreso.

El vicepresidente de lo Social, autoerigido en máxima autoridad en la lucha contra la Covid-19 en los centros de ancianos, sabe el shock que esas cifras causarán en la opinión pública.

 

“Iglesias tiene los datos”. Dos fuentes de Moncloa aseguran a ESdiario que el vicepresidente segundo del Gobierno dispone ya de un listado de contagiados y fallecidos en residencias de mayores de toda España. “La cifra podría superar las 15.000 muertes”, aseguran.

Pero el Gobierno sigue reteniendo la información por más que los periodistas preguntan a diario en las ruedas de prensa de Moncloa. El criterio del Ejecutivo sigue siendo considerar fallecidos por Covid solo a los pacientes diagnosticados.

Las fuentes consultadas creen que Iglesias podría estar preparando un “golpe de efecto” y una operación “político-mediática” contra las comunidades gobernadas por PP y Cs. “Quieren arrojarles la responsabilidad de esas muertes”, señala una de las fuentes consultadas.

Otra de las fuentes cree que el Gobierno podría estar preparando un “golpe de efecto” contra residencias privadas o concertadas en comunidades del PP. El Gobierno trata de zafarse de su responsabilidad en este asunto. “Iglesias -recuerda una de las fuentes- nunca actúa a la defensiva; siempre va al ataque”.

El Ejecutivo sabe el shock que las cifras pueden causar en la opinión pública y que tarde o temprano se sabrán. “Les obsesiona cómo y cuándo difundir los datos para minimizar su impacto. Si lo hacen de golpe, la cifra de muertos totales se les disparará y será más insostenible defender su gestión de la crisis”. -

Miles de ancianos han muerto sin diagnóstico por falta de test. “¿Los van a incluir o los ignorarán también como a los no diagnosticados?”, se pregunta una de las fuentes.

Iglesias, responsable de la “vigilancia” de las residencias desde el 30 de enero

El vicepresidente Pablo Iglesias es el máximo responsable de la política social del Gobierno. Su Ministerio de Derechos Sociales tiene adscrita la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, que otorgó a su compañero de Podemos, Nacho Álvarez.

Cuidadoras de una residencia de mayores aplaudiendo.

 

En su toma de posesión, el pasado 22 de enero, Iglesias anunció la creación de un programa de acreditación de la calidad de las residencias de personas mayores y afirmó: “No puede ser que, en la cuarta economía de la zona euro haya abuelos y abuelas españoles que no estén recibiendo lo que se han ganado con mucho esfuerzo”.

En ese mismo acto, Iglesias se lamentó de que en España “mueran 80 personas al día que tienen reconocida la dependencia y que no están recibiendo lo que les corresponde”. Ochos días después, el 30 de enero, la OMS declaró el brote global de coronavirus 2019-nCoV como “emergencia de salud pública de importancia internacional”.

Desde el inicio de la crisis a principios de enero, China y la OMS habían advertido reiteradamente que las personas mayores eran el colectivo más vulnerable al virus y con mayor mortalidad.

Desde la alerta de la OMS del 30 de enero, Pablo Iglesias, como ministro de Derechos Sociales, es, junto al ministro de Sanidad, Salvador Illa, el responsable de gestionar la crisis del Covid en las residencias sociosanitarias de personas mayores. Le obliga la Ley General de Salud Pública de 2011, a la que el presidente Pedro Sánchez apela en sus intervenciones como “nuestra referencia de actuación”.

El artículo 14.b señala que “en materia de vigilancia de salud pública, corresponde al ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad (…) la gestión de alertas que procedan de la Unión Europea, la Organización Mundial de la Salud y demás organismos internacionales (…), en su caso, en coordinación con las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla”.

El 19 de marzo, ya en plena crisis y con el mando único del estado de alarma, el vicepresidente Iglesias anunció un fondo de 300 millones de euros en una rueda de prensa junto a Salvador Illa: “Es una prioridad absoluta -dijo- responder a la situación de los centros de mayores y este fondo va a emplearse para este fin. Ya estamos trabajando con el ministerio de Sanidad para que los equipos de protección del personal lleguen cuanto antes”.

Pero mes y medio después, trabajadores sociosanitarios de diversas comunidades denuncian la falta de material para protegerse y el “abandono” al que están sometidos por las autoridades. “Estamos en mayo y siguen sin llegar los equipos de protección a muchos centros de toda España”, se lamenta una trabajadora recién reincorporada a su puesto tras haberse contagiado de Covid a finales de marzo. “He vuelto y mi EPI sigue siendo una bolsa de basura”.

Lamenta, además, la falta de sensibilidad del Gobierno. “Iglesias no han hecho ni una visita a una residencia. Está recluido en Moncloa, ajeno a lo que vivimos aquí cada día”. El “abandono” afecta, en primer lugar, a los propios residentes. “Hay centros en varias comunidades con el 90% de contagiados sin que deriven a los graves a hospitales. “¿Por qué?”, se pregunta, “si ya no hay saturación de UCIs y camas?”.

Madrid y Cataluña ya difundieron los datos

La Comunidad de Madrid y Cataluña ya ofrecieron en abril las cifras de fallecidos en residencias. Madrid los actualiza a diario en el Informe de situación de su web. A diferencia del parte diario del Gobierno, Madrid incluye a positivos por PCR y por test anticuerpos y los datos totales de fallecidos en “hospitales, domicilios, centros sociosanitarios y otros lugares”, incluyendo “fallecidos con sospecha o con sospecha o con confirmación de COVID 19, según certificado de defunción”.

En Moncloa, mientras, el vicepresidente Iglesias maneja los datos que ya tiene sobre la mesa y medita la forma de ofrecerlos. Las fuentes pronostican: “Desviará la atención hacia el modelo de gestión cuando nada tiene que ver. Él era el responsable de dirigir la crisis desde el 30 de enero”.

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