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El "caso ERE" se le cruza a Susana y dinamita el inminente congreso del PSOE-A
En su momento de mayor debilidad política, la imputación de un relevante exconsejero pone de nuevo en portada el gran "agujero negro" del socialismo andaluz y su líder.
La juez María Núñez Bolaños ha imputado al exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Fernández, en la pieza separada por las sobrecomisiones pagadas en las pólizas de prejubilaciones de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.
En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada atiende de este modo la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción e incluye como investigados en esta pieza tanto al exconsejero como al exdirector general de Trabajo y Seguridad Social, Juan Márquez.
La juez Núñez recuerda que, en su escrito, el Ministerio Público alude a la existencia de indicios de la participación de ambos "en el pago con fondos del programa 31L de sobrecomisiones a las empresas" del dueño de Uniter, José González Mata, "para la creación y mantenimiento de oficinas de atención para colectivos de trabajadores de empresas en crisis".
Y todo ello, a juicio de la Fiscalía, "sin sujeción a procedimiento alguno ni determinación/justificación de su coste para la Junta de Andalucía", lo que "permitió, de forma indiciaria, un enriquecimiento indebido" del dueño de Uniter.
En este auto fechado el día 13 de julio, la juez también atiende otra petición de Anticorrupción y acuerda investigar los pagos efectuados por Estudios Jurídicos Villasís de determinadas ayudas públicas a Muebles Don Formón, Roda Textil SCA, Sapphire Grupo Empresarial, Promociones Vinícolas, Tialna, Dehesa Navera y Megara SCA.
Asimismo, también acuerda investigar las ayudas vinculadas a la Sociedad de Desarrollo del Pedroso, "referida exclusivamente a la transferencia de 240.000 euros", Salvador García Rodríguez, Federación Minerometalúrgica de CCOO-A "por importe de 104.400 euros", y a Verónica Galloso Villalba.
Cabe recordar que la pieza de las sobrecomisiones de los ERE se dirige contra cerca de 40 personas, entre ellas el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero o el exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas.
