La cúpula militar y el Supremo "chavistas" salen en auxilio de Maduro

Cierre de filas de las viejas estructuras chavistas. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Maikel Moreno, ha declarado este jueves que el país está sufriendo un golpe de Estado con intervención extranjera, aludiendo a la autoproclamación del titular de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como "presidente encargado" del país.

Durante la apertura del año judicial, Moreno ha acusado a los países de la región de ayudar a Guaidó a derrocar al Gobierno de Nicolás Maduro en lo que ha calificado como un golpe de Estado para "burlar la voluntad del pueblo".

Además, ha deslizado una amenaza a la Asamblea Nacional, en manos opositoras desde las elecciones parlamentarias de 2015, al instarla a "deponer la actitud de desacato constitucional que mantienen desde 2016", cuando el TSJ invalidó los actos de la sede legislativa.

El alto tribunal ya pidió el miércoles a la Fiscalía, en medio de las movilizaciones opositoras y antes de que Guaidó se declarara mandatario interino, "determinar de manera inmediata las responsabilidades a que hubiere lugar" por parte de los miembros de la Asamblea Nacional.

El propio Guaidó sopesó tras su autoproclamación la posibilidad de que fuera detenido. "Esto va a tener consecuencias", dijo al tiempo que añadió: "No temo por eso, temo por nuestra gente, que la está pasando mal".

En la misma línea cierra filas la cúpula militar. Las Regiones de Defensa Integral (REDI) de Venezuela han emitido este jueves una serie de mensajes para expresar una a una su apoyo a Nicolás Maduro.

Además, la única voz de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que se había pronunciado era el ministro de Defensa, Vladimir Padrino. "Los soldados de la patria no aceptamos a un presidente impuesto a la sombra de oscuros intereses ni autoproclamado al margen de la ley"

Los llamamientos a la FANB para que se desmarque del Gobierno de Maduro se han sucedido desde el 10 de enero, cuando el líder chavista tomó posesión del cargo para un segundo mandato que ni la oposición ni buena parte de la comunidad internacional reconocen por considerar que es fruto de un proceso electoral no democrático.