03 de diciembre de 2020
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

El TS se plantea un "atajo" para llamar a declarar a Iglesias sin suplicatorio

Pablo Iglesias, este miércoles en el debate de la moción de Vox.

Pablo Iglesias, este miércoles en el debate de la moción de Vox.

El vicepresidente segundo se encuentra al borde de una posible imputación en el Alto Tribunal por hasta tres delitos de revelación de secretos, daños informáticos y denuncia falsa.

 

Sin necesidad de suplicatorio. El Tribunal Supremo baraja citar a Pablo Iglesias para tomarle declaración voluntaria por el caso Dina sin necesidad de obtener el permiso del Parlamento, requisito imprescindible por su condición de aforado siempre que se produzca una imputación formal, para escucharle antes de decidir sobre su procesamiento.

Fuentes próximas al Alto Tribunal han confirmado a ESdiario que, una vez se resuelva en la Audiencia Nacional el recurso en el que el vicepresidente segundo solicita recuperar la condición procesal de perjudicado que perdió el pasado mes de mayo en el caso Villarejo, no es descartable que se cite al líder de Podemos con carácter previo a su posible imputación.

La misma fuentes señalan que "el suplicatorio sólo hay que pedirlo" si se abre procedimiento abreviado o "procesamiento". En ningún caso para la comparecencia como "imputado-investigado". No se trata de una cuestión "estratégica o protocolaria", añaden, "es la propia Constitución en su artículo 71" la que "exige la autorización de la Cámara Baja para la inculpación o el procesamiento".

El Supremo baraja este escenario a expensas de que se resuelva el recurso de apelación planteado por Raúl Maíllo, el abogado de Iglesias que sustituyó a Marta Flor, ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tras perder su condición de perjudicado en la causa por el caso Villarejo que instruye el juez Manuel García-Castellón.

Serán tres magistrados, Alfonso Guevara, Carlos Fraile Coloma y Teresa García Quesada, los encargados de determinar si avalan la decisión de su compañero García-Castellón sobre Iglesias. "Dicha condición resulta insostenible toda vez que las diligencias practicadas no han permitido concretar en qué medida resulta ofendido o perjudicado de infracción penal alguna, pero además, las contradicciones desgranadas exigen un esfuerzo investigador que resulta incompatible con la posición procesal pretendida", afirmó sobre el líder de Podemos el instructor de la causa sobre el líder de Podemos.

Precedentes

No sería la primera vez que el Supremo explora esta opción. Han sido varios los diputados autonómicos -entre ellos los líderes del procés- y nacionales, llamados a declarar voluntariamente por el Alto Tribunal, con carácter previo a tomar una decisión sobre su situación procesal. El más reciente, esta misma semana, el secretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez, que se negó a comparecer ante el magistrado Antonio del Moral, encargado de la causa en la que se le investiga por un presunto delito de atentado contra la autoridad, durante una protesta contra la reforma educativa del ex ministro popular José Ignacio Wert, sin la autorización formal del Parlamento.

Rodríguez, que antes de formar parte del actual Gobierno criticaba con dureza esta clase de "privilegios" de la clase política, se negó a acudir en el día y en la hora fijados por la Sala Segunda para la revisión de su caso, amparándose en su condición de aforado y forzando así al Tribunal a un requerimiento obligado, vía suplicatorio.

En el mismo sentido, pero por diferentes motivos, la ex consejera del Gobierno de Cataluña Laura Borrás que no acudió motu proprio tras ser citada por el magistrado Eduardo Porres, el pasado 22 de julio, como investigada en un caso de corrupción por el que, finalmente, fue condenada. La política separatista catalana debía responder ante el juez por autorizar la adjudicación de varios contratos irregulares de la Institución de las Letras Catalanas, durante su época al frente de la misma.

Sin embargo, en todo momento rechazó cooperar con la Justicia en una causa que calificó de "prospectiva e injusta" y que finalmente obtuvo el aval de la Mesa del Congreso. Los servicios jurídicos de la Cámara parlamentaria rechazaron en un dictamen, no vinculante, que la solicitud del suplicatorio presentado por el Supremo para proceder contra la diputada de JxCat tuviese una "intencionalidad política" como aseguró la propia Borrás.

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