El Parlamento de Cataluña decide ya si "entrega" a Torra o se hace el harakiri

Es la hora: o cumple las sentencias, o Roger Torrent y el Parlamento de Cataluña se harán el harakiri con consecuencias incluso penales de por medio. Este lunes, la Mesa del Parlamento de Cataluña, y sobre todo su presidente, podría volver a desafiar a la Justicia, como viene siendo habitual en las instituciones controladas por el independentismo sin que el Gobierno de Pedro Sánchez haya alzado la voz contra la violación de las decisiones judiciales.

La Cámara autonómica retoma hoy su actividad. Hay un pleno a las 15.00 horas y la gran duda es si el president Torra votará o no en el mismo, una vez que el Tribunal Supremo diera la razón la semana pasada a la Junta Electoral Central en su inhabilitación inmediata como diputado regional.

Desde que la JEC acordara inhabilitarlo, la Cámara sólo ha celebrado un pleno -el extraordinario que pidió el mismo Torra tras la resolución de la Junta Electoral- en el que el Parlament lo ratificó como diputado y presidente, pero no ha celebrado más sesiones plenarias después de que la Junta Electoral Provincial (JEP) de Barcelona declarara vacante su escaño.

El Supremo resiste a la presión de Sánchez y mantiene la inhabilitación de Torra

La Mesa del Parlament ya rechazó la semana pasada retirarle el escaño y lo mantuvo como diputado, con el apoyo de JxCat, ERC y el PSC, y el aval de los letrados, que emitieron un informe que concluye que la JEC no es competente para suspenderlo como diputado.

La situación no ha cambiado desde que el jueves el Supremo rechazara las cautelares y ratificara su inhabilitación, de manera que Torra sigue ejerciendo como diputado y en principio participará en el pleno previsto para el lunes, que sigue convocado.

Tras la decisión del TS, Torra defendió que esta resolución no supone ningún cambio e insistió en que sigue siendo diputado y presidente de la Generalitat: "No nos vamos a echar atrás", proclamó.

Además, el viernes advirtió de que emprenderá posibles "acciones legales, también de carácter penal", si la JEC le obliga a dejar el acta -cree que no es competente y que podría estar incurriendo en un delito de coacciones-, y si persisten presiones para que deje el cargo, y aseguró que acusarle de un delito de usurpación si participa en el pleno puede implicar un delito de calumnias o injurias.

Sin embargo, destaca que el presidente del Parlament, Roger Torrent, todavía no se haya pronunciado públicamente sobre la decisión del Supremo, pero fuentes de la Presidencia de la Cámara han explicado que no pedirá un nuevo informe a los letrados.

Precisamente esto es lo que pidieron el PSC-Units y Cs el jueves -los socialistas registraron una petición dirigida a Torrent para que se lo encargara-, ya que consideran que la nueva decisión del Supremo puede haber modificado la opinión de los letrados de la Cámara sobre la continuidad de Torra en su cargo.

Otro de los puntos que debe abordar la Cámara en los próximos días es comunicar a la JEP quien debe sustituir a Torra: el jueves pidió al secretario general del Parlament, Xavier Muro, concretar en un plazo de dos días quién debe sustituir al presidente en el escaño -se emitió credencial para Ferran Mascarell, pero finalmente ocupará el puesto del expresidente Carles Puigdemont-.

Advertencias de PP y Cs

Tanto el partido naranja como el PP han avisado en reiteradas ocasiones de que Torrent y los miembros de la Mesa pueden estar incurriendo en un presunto delito de desobediencia si Torra acaba votando en el pleno, y han anunciado que emprenderán medidas legales si esto ocurre.

Por su parte, la CUP alertó el jueves de que el proceso judicial contra Torra acabará provocando el final de la legislatura, y apostó por consensuar una culminación digna de ésta: "Esperemos que termine con dignidad y con una respuesta a la altura de las intromisiones".