Se abre la 'patata caliente' de los indultos a los condenados de los ERE

El caso de corrupción de los ERE, protagonizado por los exdirigentes del PSOE de la Junta de Andalucía, con sus expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán entre los responsables, no ha concluido con la sentencia de la Audiencia de Sevilla y la ratificación del Supremo, que ha llevado a la cárcel a siete de los ocho condenados a prisión.

Los condenados pidieron ser indultados al Gobierno central y ahora son los tribunales los que tienen que elaborar los correspondientes informes. Una auténtica 'patata caliente' sobre la que existen dudas en los propios órganos judiciales a cerca de quién debe pronunciarse al respecto.

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Al respecto, la Audiencia de Sevilla, órgano emisor de la sentencia inicial sobre el "procedimiento específico" de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha remitido un oficio al Tribunal Supremo para que se pronuncie sobre la competencia "para informar sobre los indultos solicitados", entre ellos el de Griñán, condenado a seis años de cárcel por malversación, el único que no está en prisión debido a que la pena está actualmente suspendida debido al cáncer de próstata que padece.

La Fiscalía del Supremo o Anticorrupción

La Audiencia requiere esta información "antes de proceder al traslado para informe del Ministerio Fiscal"; recordando que su sentencia original sobre el caso, saldada con condena sobre 19 de los 21 exaltos cargos socialistas juzgados", fue objeto de sentencia por la Sala Segunda del Supremo, resolviendo los recursos de casación interpuestos contra la resolución inicial.

Además, el pasado mes de octubre, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, señalaba que el informe que debe aportar el Ministerio Público sobre los indultos no había sido emitido, al estar    pendiente de resolver una disyuntiva competencial dirigida a dirimir cuál de las instancias de la Fiscalía debe elaborar el informe.

"Hay que resolver una cuestión competencial sobre si le corresponde a la Fiscalía del Tribunal Supremo o a la Fiscalía Anticorrupción, cuyos delegados están en Sevilla"; manifestaba el fiscal general del Estado.

La situación de los condenados

De los condenados, actualmente cumplen pena de prisión exconsejero socialista de Empleo Antonio Fernández, con una pena de siete años, once meses y un día de prisión; la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, condenada a seis años y dos días de prisión; el exconsejero socialista de Innovación Francisco Vallejo, condenado a siete años y un día de prisión; el exviceconsejero socialista de Empleo Agustín Barberá, condenado a siete años y un día de cárcel; el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román, condenado a seis años de cárcel; y el ex director general de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano, condenado a una pena de seis años, seis meses y un día de prisión.

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En el caso del exdirector general de Trabajo Juan Márquez, también condenado a cárcel por malversación, tiene actualmente suspendida su pena después de que a la hora de resolver los recursos de casación, el Supremo rebajase su condena a tres años de cárcel.

El expresidente de la Junta José Antonio Griñán la tiene suspendida por enfermedad y el exconsejero socialista de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera, condenado a siete años y un día de prisión, goza de su lado del tercer grado penitenciario por motivos sanitarios tras haber cumplido varios meses de prisión.