El PP exige a Puig que “blinde por Ley” el tiempo máximo de las listas de espera

El portavoz de Sanidad del Grupo Popular en Les Corts, José Juan Zaplana, ha exigido a Ximo Puig que “se deje de planes que ya hemos visto que no han obtenido los resultados adecuado y que ponga en marcha la propuesta del PPCV de blindar por Ley el tiempo de espera máxima, tal y como anuncio el presidente del PPCV, Carlos Mazón”.

“Solo garantizando por ley está espera será posible garantizar el derecho fundamental de los ciudadanos de ser atendidos en un tiempo razonable, tanto para ser operados como la realización de las pruebas diagnósticas necesarias”.

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“La gestión sectaria de Puig nos ha llevado a una cronificación en las listas de espera sanitarias. Según los datos del mes de agosto, los valencianos en lista de espera para ser operados es de 65.728 y el tiempo de espera de 115 días. La salud de los ciudadanos siempre por delante de los intereses ideológicos y partidistas”.

Zaplana ha afirmado que “el macro anuncio de Puig de rebajar las listas de espera derivando operaciones a los hospitales privados lleva en vigor desde 2005, y lo han incumplido sistemáticamente”.

El diputado popular ha lamentado que “la espera de una persona para ser operado o para hacerse una prueba diagnóstica ha estado durante los últimos años sujeto al dogmatismo de un Consell que ha pensado más en su ideología que en la salud de los ciudadanos. Las personas que tienen problemas de salud necesitan certezas y no caprichos ideológicos, ni anuncios populistas”.

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“Puig debe dejar de anunciar planes que no sirven, como el Plan Óptima que no han generado ninguna mejora, porque cuando pusieron en marcha ese plan había menos pacientes en las listas de espera que ahora. En lugar de ir a mejor hemos ido a peor. Y ahora plantea un nuevo plan de derivación a la privada, pero se olvida que eso ya es posible desde el año 2005 y que él no lo ha querido poner en marcha”, ha denunciado.

En este sentido, el portavoz de Sanidad del GPP ha exigido a Puig que “se ponga a trabajar con los profesionales y las comunidades científicas para consensuar cual es el tiempo máximo de espera de una persona y regular un marco legal que genere un derecho subjetivo en la ciudadanía para determinar la seguridad jurídica de que su salud sea lo primero”.