Intervienen 34 toneladas de alimentos no aptos en operación contra fraude

Estos productos estaban destinados tanto a España como a Portugal y fueron hallados en inspecciones realizadas en las provincias de Alicante, Madrid y Málaga. Los alimentos incautados comenzaron con productos con fechas de consumo preferente alteradas, otros con fechas de caducidad caducadas y algunos en mal estado de conservación.

En el marco de esta operación, que se dirige contra la falsificación, venta ilegal, etiquetado fraudulento, distribución no autorizada y adulteración de productos alimenticios, la Guardia Civil ha llevado a cabo investigaciones que han resultado en la imputación del responsable de una empresa y en la denuncia de otra persona por un delito de fraude alimentario, que afecta tanto al mercado como a los consumidores, según ha informado la institución armada.

El proceso comenzó el 23 de mayo cuando la Patrulla de Protección de la Naturaleza de Alicante (PACPRONA) recibió información sobre posibles irregularidades cometidas por dos empresas. Con el objetivo de aclarar la situación, se puso en marcha la operación.

En la primera fase, los agentes localizaron dos naves industriales en Torrevieja (Alicante) que pertenecían a las sociedades bajo investigación. En estos lugares, supuestamente se comercializaban alimentos caducados que eran distribuidos en los mercados de España y Portugal.

Además, se encontrarán otros dos establecimientos relacionados con una de las empresas en las localidades de Coslada (Madrid) y Marbella (Málaga), donde se cometían las mismas irregularidades.

En junio, una vez localizados todos los establecimientos y confirmada la actividad delictiva, se llevó a cabo la operación. Con el apoyo de las patrullas del SEPRONA de Guardamar (Alicante) y Daganzo (Madrid), los agentes llevaron a cabo operaciones simultáneas en los establecimientos de Torrevieja y Coslada. Además, el SEPRONA de Marbella inspeccionó el establecimiento de su localidad.

Durante estas operaciones, se confiscaron alimentos con fechas de consumo preferentes alteradas, productos caducados y productos en estado de deterioro. Todos estos productos estaban listos para su venta y distribución.

Finalmente, el 5 de julio, junto con las pruebas que confirmaron la responsabilidad del gerente de una de las empresas, se procedió a su imputación por un delito de fraude alimentario que afecta al mercado ya los consumidores. La otra empresa investigada recibió denuncias por infracciones administrativas, las cuales fueron remitidas a la Conselleria de Agricultura de la Generalitat.

Las pruebas obtenidas en esta operación se han presentado ante el Juzgado de Instrucción 4 de Torrevieja. Todos los alimentos retirados fueron destruidos por un gestor de residuos autorizado.

Gracias a estas acciones, más de 34,000 kilogramos de alimentos no aptos para el consumo humano han sido retirados del mercado, impidiendo posibles problemas de salud pública.