Un juez insta a Sanidad a vacunar a los médicos de la privada como en la pública

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante ha requerido a la Conselleria de Sanidad para que vacune contra la covid a los médicos de la sanidad privada en la provincia en igualdad de condiciones y tiempos que los de la pública.

El juez ordena a la administración que remueva cualquier obstáculo que dificulte la vacunación de todo el personal médico que ejerce en la provincia, sea cual sea su vínculo, con el mismo orden y prelación que el público, y que vacune a los trabajadores sanitarios que trabajan en la privada "sin dilación, discriminación o demora alguna" respecto a los otros, tanto en el caso de los de la primera línea como, posteriormente, en el otro personal sanitario o sociosanitario que va segundo en el orden de prelación.

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Así lo acuerda en un auto, de fecha de este mismo jueves, en el que el magistrado resuelve una pieza de medidas cautelarísimas ante un escrito del Ilustre Colegio de Médicos de la Provincia de Alicante, que pidió, a través de este procedimiento, que se exigiera a la administración autonómica que se eliminara "cualquier impedimento que obstaculice o dificulte la vacunación de todo el personal médico" que trabaja en la sanidad privada en la provincia en "las mismas condiciones" que el de la pública.

Ni "abandonar" ni "dejar a su suerte"

El magistrado atiende a la urgencia de la petición dado que el proceso de vacunación se inició hace un mes sin que el segundo grupo en el orden de prelación de la vacuna --sanitarios de primera línea-- y, en concreto, los de la privada, hayan accedido a la vacuna. "Casi un mes de demora en un ámbito sanitario donde el número de contagios ha crecido exponencialmente", señala, y añade que la administración no puede "abandonar" ni "dejar a su suerte" al personal de la privada, aunque no se pronuncia sobre si hay discriminación, ya que se trataría de una cuestión del fondo del asunto.

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En su resolución, adoptada antes de haber dado traslado a la parte demandada, el magistrado acuerda continuar la pieza separada de medidas cautelares y comunicarlo a la Generalitat Valenciana para que en tres días presente alegaciones en relación con el levantamiento o mantenimiento de esta medida, que afecta únicamente a la provincia de Alicante al no poder dar "extraterritorialidad" a la decisión.

A juicio del juez, con esta decisión "el interés público no solo no se ve perjudicado sino que se ve reforzado en la medida en que la función de cualquier médico situado 'en primera línea' (sea público o privado) es la de salvar vidas ajenas, y ello pasa necesariamente por cuidar la propia salud y vida de quienes deben salvar la de otros".