El PSOE-A desoye a la ministra y favorece la ordenación de los riegos de Doñana

Las propuestas de ley presentadas por PP, Cs y Vox en el Parlamento andaluz para reordenar los regadíos del Condado de Huelva del entorno de Doñana han prosperado y, a partir de ahora, comienza su tramitación, abierta al diálogo y a la incorporación de las propuestas.

La sorpresa la dio en la tarde de ayer el PSOE-A que se abstuvo en la votación, por lo que esta medida que afecta a más de un centenar de agricultores, obtiene luz verde en la Cámara con los votos a favor de los proponentes y la oposición de Unidas Podemos y los diputados no adscritos de Adelante Andalucía.

El PSOE-A ha hecho caso omiso a la petición de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que, a través de una carta, ha solicitado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que retirara la propuesta por los "enormes perjuicios" económicos y medioambientales para España.

La ministra Ribera reconoce que el problema de Doñana es competencia estatal

La presencia en el salón plenario de los agricultores afectados, de los representantes de algunos de los ayuntamientos de esta comarca onubense (Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado), gobernados en su mayoría por el PSOE, y de la Diputación de Huelva también socialista, han sido determinantes para que favorecieran la tramitación y no fueran señalados de nuevo por dar la espalda a este problema, que además generaron durante su gobierno en la Junta.

La tramitación parlamentaria de esta ley, que ha sido muy criticada por los partidos de izquierda y las organizaciones ecologistas, seguirá la vía de urgencia con la que entró en el Parlamento y, aunque los partidos del Gobierno están abiertos a ampliar plazos, su debate final se producirá en este periodo de sesiones.

El reconocimiento de derechos y no una amnistía

En el pleno se dieron dos versiones muy distintas sobre lo que ocurre con estos regantes. Por un lado la que defendieron el PP, Cs y Vox que coinciden en sus argumentos, por otro la de la izquierda con su rechazo frontal a la actuación y el PSOE-A que criticó el riesgo que supone para el Parque Nacional de Doñana, pero finalmente se mostró favorable al debate.

Los tres partidos que han presentado la iniciativa han defendido que se trata de una reordenación del territorio y no afectará al Parque Nacional de Doñana, porque no se trata de legalizar pozos o conceder una amnistía, sino de reconocer como zona regable 800 hectáreas dentro de un área de 1.400 hectáreas, donde estos agricultores desarrollan su actividad, que se encuentra a unos 30 kilómetros del Parque. Sólo podrán acogerse aquellos que estén fuera del terreno forestal.

Lo que persiguen con esta proposición de Ley es reconocer los derechos adquiridos y sacar del limbo legal a estos agricultores, cuyas tierras se quedaron fuera del Plan de Ordenación de la Corona forestal de la zona norte de Doñana, aprobado por la Junta de Andalucía en 2014. Una regulación que se inició en 2004 pero cuando se aprueba deja fuera de la zona de riego al Condado de Huelva, porque se basó en las fotografías y documentación tomadas diez años atrás.

Además se da el hecho que desde 2004 a 2014 se animó a los vecinos de esta comarca a emprender la actividad agrícola en esta zona por parte de os ayuntamientos y por la propia Junta que otorgaba incluso ayudas. Ese mismo gobierno socialista que ahora los culpa de 'robar' agua.

Según explicó el diputado de Vox, Rafael Segovia, se trata de hacer "justicia" y desmintió la versión de los ecologistas que apuntan al riesgo medioambiental que suponen estos cultivos porque se abastecen del acuífero de Doñana.

Segovia negó este hecho y explicó que se busca reconocer el derecho al acceso al agua, una vez que El Gobierno de España ejecute las obras de trasvase que están pendientes de la cuenta Tonto, Odiel y Piedras, con la presa de Alcolea y el túnel de San Silvestre, aumentando la disponibilidad de recursos hídricos en superficie. 

En la misma línea los portavoces del PP, Manuel Andrés González y de Cs, Julio Diaz, que aseguraron que no supondrá "quitarle ni un solo metro cúbico de agua" al espacio natural de Doñana, apostando por conjugar la actividad humana y la protección de esta joya natural.

Los habitantes de Doñana también forman parte del ecosistema

Uno de los reproches a los colectivos que se oponen a los agricultores es que ignoran que estas personas también forman parte del ecosistema de Doñana. Viven y trabajan en aquí desde los años 60 produciendo primero fresa y fresón, para pasar a otras variedades de frutos rojos. Una actividad que comenzó antes de la aparición de la primera figura de protección de Doñana en 1969.

A pesar de esta reclamación histórica, desde Unidas Podemos y Adelante Andalucía se agarran a la situación de riesgo de los humedales y califican la proposición como "un engaño" del Gobierno de Moreno. Así, la portavoz de Unidas Podemos, Inmaculada Nieto, afirmó que no se podrá llevar a cabo y argumentó que el Gobierno Central, la Unión Europea y la Unesco están en contra.

Por su parte, el socialista Mario Jiménez calificó esta iniciativa como "un acto de propaganda barata y un engaño masivo a los agricultores" de la zona. Pero a pesar de este duro discurso, obviando que el problema se generó por la desidia del PSOE al frente de la Junta, a la hora de votar permitió que continúe el debate de la iniciativa.

Un asunto cargado de polémica y que se ha puesto en el foco mediático por el poder de los grupos ecologistas globales. Sin embargo, el Parlamento andaluz se ha pronunciado ante la inacción del Gobierno central y de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que durante treinta años han ignorado el problema de los regantes de Doñana.