Ribera prepara otro golpe al sector alimentario tras el desprecio de Garzón

Con la llegada del nuevo año 2022 llegan también nuevas leyes del Gobierno que afectan a empresas, trabajadores y consumidores. Y varias de esas nuevas legislaciones propuestas afectan de lleno a un sector que mueve miles de millones en beneficios: el de la alimentación. Y es que este año se aprobarán dos leyes clave para el sector que podría dejar pérdidas muy importantes. Todo ello, mientras el ministro Garzón, sigue insistiendo con sus ataques al sector ganadero. 

Se trata, en primer lugar, de la nueva ley de residuos y suelos contaminados, redactada desde el Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera. Aún no ha sido aprobada y está en trámites en el Congreso de los Diputados, aunque se espera que pueda ser aprobada en unos meses. Se trata de una ley que pretende reducir el uso de plásticos de un solo uso en los productos alimentarios para reducir “el impacto medioambiental” de este material. 

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Según han señalado fuentes del sector al diario El Mundo, esta ley "supone costes para las empresas y una pérdida de competitividad grande”. Una ley que, como suele ser habitual, viene acompañada de una nueva carga fiscal: se trata de un impuesto a cada producto que contenga plástico, algo que desde el sector apuntan que tendrá un impacto “brutal” en la industria.

Además, los empresarios denuncian que el Gobierno de Pedro Sánchez se ha ido a una legislación que obliga a producir de la manera "más costosa" posible, lo que provoca que nuestros productos jueguen con desventaja en el mercado internacional. Esto se debe a que otros países de la Unión Europea no han aplicado medidas de este tipo, por el momento. 

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La segunda legislación que prepara el ejecutivo y que afecta a este sector es el proyecto de ley de envases y residuos, que pretende modificar las bases de negocio de muchas empresas, ya que los procesos de producción podrían verse afectados de forma muy notable, tanto en los embates finales como en el método de fabricación de los productos. 

Desde la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), que representa a más de 30.000 empresas españolas del sector, creen que estas dos legislaciones ponen en riesgo a la industria y ven con preocupación que el Gobierno no dé marcha atrás. De hecho ya advierten de que las pérdidas en el sector podrían superar los 2.000 millones de euros.

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Solo con el impuesto nuevo del plástico, que plantea el ejecutivo, las empresas del sector deberán abonar 600-700 millones de euros si los productos que comercializan contienen plásticos de un solo uso. Y advierten, esta subida de costes, como es lógico, aumentará los precios finales y serán también los consumidores los que se vean afectados por estas leyes.