La Ley de Vivienda se inspira en otra casi idéntica de Chávez en Venezuela

La nueva Ley de Vivienda lanzada por el Gobierno tiene una clara inspiración, la ley para la regularización y el control de los arrendamientos de vivienda rubricada por Hugo Chávez en 2011 en Venezuela.  Muchas son las similitudes entre ambas normas y que se resumen en un total intervencionismo por parte del Estado para controlar el mercado.

En primer lugar, la esencia propia de la norma ya es similar, puesto que el Gobierno siempre ha defendido la función social de la vivienda, e incluso el presidente Pedro Sánchez ha señalado que  esta futura norma pretende "convertir la vivienda, no en un problema, como es hoy, sino en un derecho", haciendo de la vivienda "un asunto de Estado".

La ley "confiscatoria" de vivienda nace muerta por la rebelión autonómica

 De la misma forma, la ley chavista tiene el mismo objetivo: "La presente Ley es de carácter estratégico, en el marco de la garantía integral y efectiva del derecho a la vivienda adecuada y un hábitat digno, y se declara de interés público general, social y colectivo toda materia relacionada con los arrendamientos de inmuebles destinados a vivienda, pensión, habitación o residencia".

Pero además, las medidas que se tomarán para alcanzar ese objetivo son similares, con una clara persecución a los propietarios que mantengan sus viviendas desocupadas. Según la norma venezolana, "la vivienda desocupada es contraria al interés social e implica una contribución tributaria especial para los propietarios, que será establecida por ley y determinada por el órgano encargado de velar por su cumplimiento, como medida para promover el arrendamiento de viviendas desocupadas que no se ofrezcan en venta, atendiendo a las necesidades sociales en la materia".

"Contribución tributaria especial"

En España, la nueva norma que el Gobierno pretende sacar adelante ya ha marcado esa "contribución tributaria especial", un recargo del IBI del 150% para los dueños de viviendas vacías, obligándoles de esta manera a sacarlas al mercado inmobiliario.

Pero además, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, defendió este miércoles la implantación de la norma, ante la rebelión autonómica, señalando que, si no se pone en marcha, también se verán perjudicados los propietarios, ya que no se podrán acoger a determinados beneficios fiscales. Unos beneficios que también están contemplados en la ley chavista. "Se promoverá, igualmente, la liberación de cargas tributarias sobre la propiedad de inmuebles que sean arrendados como parte de las políticas de estímulo", dice el texto venezolano.

Igualmente, la futura Ley de Vivienda recogerá, a propuesta de Unidas Podemos, la imposibilidad de venta de vivienda pública por parte de las administraciones a entidades privadas (como puede ser los fondos de inversión), para lo cual se establece un régimen de protección permanente que excluye su recalificación.

Algo similar marca la ley chavista, que deja meridianamente claro que "por ser contrario al interés público, queda expresamente prohibido el arrendamiento de viviendas adjudicadas por el Estado, salvo los casos autorizados por el órgano encargado con competencia en la materia, y en ningún
caso podrá tener fines de lucro".

El PP la recurrirá al Constitucional

Y es que las similitudes son muchas. La norma venezolana persigue "combatir el acaparamiento, la desocupación y mercantilización de viviendas; así como la especulación", un discurso tremendamente similar al lanzado desde el Gobierno, sobre todo desde Podemos.

La ley aprobada por Chávez en 2011 fue duramente criticada por la oposición por considerar que atenta contra la propiedad privada algo que ya han denunciado los grupos políticos en España. De hecho, el PP ya ha anunciado que recurrirá al Tribunal Constitucional para ponerle freno y las comunidades autónomas en las que gobierna no la implantarán, ya que a juicio del presidente del partido, Pablo Casado, supone un "intervencionismo suicida" de Sánchez, "rehén de sus socios radicales".