Imputados otros 8 altos cargos del PSOE por prevaricación en el caso Aznalcóllar

Tras el llamado caso Isofotón, que salpica de lleno a tres ministros del Gobierno de Pedro Sánchez, regresa de plena actualidad el caso Aznalcóllar, otro de los nudos de la complicada madeja de presunta corrupción que tiene al PSOE andaluz como protagonista.

Y mientras Moncloa y Ferraz decreta el silencio sobre el caso que afecta a la vicepresidenta Teresa Ribera, y los ministros María Jesús Montero y Luis Planas, en otro tribunal llega a su recta final otra investigación que acaba con ocho altos cargos socialistas acusados de prevaricación.

El Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla, que investiga el proceso de adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero de Los Frailes (Aznalcóllar) a la agrupación empresarial México-Minorbis pese a mediar una oferta económicamente superior por parte de Emérita Resources España, ha emitido un nuevo auto ordenando continuar las diligencias por el trámite del procedimiento abreviado contra un total de nueve personas investigadas en la causa.

El Gobierno decreta silencio sobre el caso Isofotón con tres ministros señalados

La juez Patricia Fernández Franco ordena tal extremo respecto a los hermanos Mario e Isidro López Magdaleno, presidente y vicepresidente de la empresa cordobesa Magtel; el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Cecilio Fernández Guerrero por su papel como otrora secretario general de la Consejería de Innovación Ciencia y Empleo de la Junta socialista, y la exdirectora general de Minas del gobierno andaluz, María José Asensio Coto.

Junto a ellos, los funcionarios de la Junta de Andalucía Pastora Sánchez la Cuesta , Julio Ramos Zabala y José Marcos Acosta como miembros de la mesa de contratación; el que fuera secretario general de la Delegación de Medio Ambiente de Sevilla Salvador Camacho e Iván Maldonado como jefe de Servicio de Minas de la Junta, también por su papel en la mesa de contratación.

La juez acuerda así la continuación de las diligencias por el trámite del procedimiento abreviado contra todos los ya mencionados por un presunto delito de prevaricación administrativa, dando traslado de ello a la Fiscalía y al resto de partes para que en un plazo de diez días, "formulen escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa", toda vez que la Fiscalía ha pedido en varias ocasiones el sobreseimiento provisional del caso.

Pero, para la juez instructora, que desde la apertura de la causa en 2015 ha archivado dos veces la investigación, siendo la misma reabierta en ambos casos por orden de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, "los indicios existentes son bastantes para abrir la llamada fase intermedia, dando por terminada la instrucción jurisdiccional y acomodando las actuaciones al procedimiento legalmente previsto".

Y es que tras la denuncia inicial de Emerita Resources España, que competía con el grupo México-Minorbis en el concurso promovido por la Junta socialista para adjudicar los derechos de explotación del complejo minero de Aznalcóllar, por presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude en la adjudicación de los derechos de explotación de la mina a dicho grupo, la juez instructora ha archivado dos veces las diligencias.

Sin embargo, tras ser impugnadas ambas decisiones de archivo, la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, en la que figura la juez Mercedes Alaya, instructora inicial de la trama de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos, ha ordenado la reapertura de la investigación.