Carta abierta de los jueces a la nueva ministra de Justicia, Pilar Llop

El nombramiento de Pilar Llop -juez especialista en violencia de género- al frente del Ministerio de Justicia llega en un momento delicado para el Departamento que abandona el también magistrado Juan Carlos Campo; quien todo apunta que volverá al ejercicio de su profesión, en la Audiencia Nacional.

La renovación del Consejo General del Poder Judicial, previa modificación del sistema de designación para que los miembros del órgano constitucional sean elegidos por sus pares, y del Tribunal Constitucional serán las patatas calientes que Campo deje sin resolver a su sucesora.

Ambas cuestiones serán un reto para Llop, a quien los jueces se dirigieron, por carta, solo unas horas después de su nombramiento para recordarle que Europa mira a España con la vista puesta en la mejora de la independencia del Poder Judicial.

Despolitizar la Justicia

"La primera tarea de la nueva ministra debe ser cumplir con las exigencias de Europa para despolitizar la Justicia. Lo que incluye no sólo la elección judicial de vocales sino, también, la eliminación de los nombramientos discrecionales y de las puertas giratorias. Los fondos europeos son imprescindibles para paliar la falta de medios y digitalizar la justicia".

Así se lo recuerdan en una nota remitida a la nueva ministra del ramo desde Foro Judicial Independiente (FJI), la misma asociación que el día 3 de diciembre de 2020 pidió públicamente la dimisión del anterior ministro por alentar la reforma de las mayorías del CGPJ y la reforma de competencias que debilitaban la separación de poderes.

Una reclamación que provocó "que por primera vez en la historia tanto la Comisión Europea como el Consejo de Europa intervinieran llamando la atención" a nuestro país, reza el texto remitido a la ministra Llop.

Desde entonces, "el Comisario de Justicia" de la Unión Europea, Didier Reynders, "no ha dejado de intervenir públicamente para recordar una y otra vez al Gobierno de España que los jueces deben elegir al menos a la mitad de los vocales del Consejo", pese a lo cual Juan Carlos Campo "con la misma insistencia ha tratado de incumplir dicha obligación".

El Foro Judicial Independiente se pone a disposición de Llop

Los jueces aseguran en su misiva que observan "con esperanza la tenacidad del Sr. Reynders por defender la separación de poderes y la independencia del Poder Judicial como valores esencialmente europeos". "Por ello, añaden, "nos ponemos a disposición de la nueva ministra para colaborar seriamente y sin perder el tiempo en las reformas necesarias para conseguir una Justicia independiente, de calidad y comprometida con las necesidades de los ciudadanos".

"Estamos profundamente decepcionados con los sucesivos ministros de unos y otros gobiernos. No esperamos gran cosa después de 40 años de promesas incumplidas, abandono, retraso tecnológico y falta de medios", concluye, sin embargo.

La parálisis del CGPJ, a Estrasburgo

Y es que los jueces están dispuestos a llegar hasta las más altas instancias europeas en su afán por conseguir la independencia del Poder Judicial en nuestro país. No en vano, más de mil jueces españoles -miembros de una de las principales asociaciones de la judicatura, Francisco de Vitoria-  anunciaron la pasada semana que apelarán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) la inacción del Congreso de los Diputados, y del Senado, tras casi tres años incumpliendo con su obligación de renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Una competencia que es única y exclusiva de ambas cámaras de representación.

Ello después de que el Constitucional (TC) no admitiese a trámite el recurso de amparo que la entidad interpuso, en 2020, para que el Tribunal de Garantías se pronunciara sobre la inactividad de ambos hemiciclos respecto a su obligación de convocar votaciones para la elección de los vocales que habrán de conformar el Consejo. Un comportamiento que "sólo responde a la sumisión de ambas cámaras a los intereses de los partidos que las controlan", lamentó esta asociación en su nota.

Las recientes declaraciones de la exdiputada en la Asamblea de Madrid Isabel Serra, condenada por el Supremo a 19 meses de prisión por agredir a policías -en las que señaló directamente al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) prorrogado como responsable de la decisión del Alto Tribunal- y, las constantes advertencias de Europa a través de su comisario de Justicia para que España aborde reformas "estructurales"- que garanticen que al menos el 50% de los miembros del CGPJ sean elegidos por sus pares- han acelerado la decisión de AJFV.

AJFV también instó al Constitucional a que se pronunciara sobre los repartos con los que los partidos políticos en el poder "han politizado cada vez más el órgano de gobierno de los jueces españoles desde 1986, cuando el propio Tribunal ya advirtió de que esos repartos partidistas serían inconstitucionales".