Las pymes andaluzas empezarán a cobrar este mes las ayudas de 3.000 euros

La Junta de Andalucía ha anunciado que este mes de mayo comenzarán a abonarse las ayudas de 3.000 euros dirigidas al pequeño comercio, la artesanía y los establecimientos de restauración. Las subvenciones suponen una inversión de recursos públicos de 132,4 millones de euros, provenientes de los fondos europeos FEDER.

Han sido un total de 53.796 las solicitudes presentadas por pymes andaluzas durante el proceso, que se cerró el pasado 6 de mayo. De estas peticiones, 28.711 corresponden al pequeño comercio y la artesanía y 25.085 proceden de la hostelería, por lo que los fondos se reparten en 79,2 millones para el primer sector y 53,2 millones para la restauración.

En las dos modalidades se abonarán, al 100%, 3.000 euros por solicitud en régimen de concurrencia no competitiva, es decir, por orden de presentación de la solicitud hasta agotar el crédito asignado. En el caso de haber sido beneficiario de la ayuda de 1.000 euros procedente de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, la cuantía a percibir sería de 2.000 euros.

Para optar a estos incentivos se ha eliminado la incompatibilidad con los concedidos por el Gobierno central por cese de actividad y con las ayudas de 1.000 euros a autónomos para mantener su actividad otorgadas por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo.

Estas ayudas permitirán que las pequeñas empresas tengan mayor solvencia económica, dotándolas de liquidez para que puedan hacer frente a los gastos realizados en suministros (agua, luz, materias primas, etc...), alquileres o personal, desde marzo de 2020 hasta el mismo mes de este año. Estas ayudas directas también se podrán emplear para pagar los servicios de limpieza, seguros, seguridad, mantenimiento y reparación de vehículos relacionados con la actividad o para sufragar medidas protectoras y equipamiento necesario para hacer frente al Covid-19 (mamparas, equipos de protección o test), entre otros conceptos.

Los requisitos para optar a estos incentivos marcan que las empresas tienen que tener una plantilla inferior a 250 trabajadores y una facturación no superior a los 50 millones o bien un balance inferior a 43 millones. Estas pequeñas y medianas empresas han de estar encuadradas en los epígrafes del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) correspondientes a los sectores de comercio y restauración.

En el caso de las pequeñas y medianas empresas artesanas, deberán estar inscritas en el Registro de Artesanos de Andalucía. También han tenido que acreditar una caída de ingresos en sus negocios producida por la pandemia.

Renovación digital para agilizar la tramitación de las ayudas

Para poder llevar a cabo la tramitación y el pago de estas subvenciones, la consejería de Transformación Económica ha tenido que realizar una inversión en tecnología. En el Consejo de Gobierno celebrado ayer, el consejero de Hacienda, Juan Bravo, explicó que se han aplicado una serie de medidas encaminadas a agilizar y simplificar tanto el proceso de solicitud como el de tramitación, con el fin de que todo el procedimiento se pueda resolver en tiempo récord.

Los interesados sólo han tenido que rellenar un formulario y presentarlo telemáticamente. Con el fin de garantizar la operatividad de los sistemas informáticos de la Junta, sobre todo en los momentos de mayor afluencia de solicitudes, y también para dar soporte a la custodia documental de los expedientes en todas sus etapas de tramitación, la Consejería ha ampliado de dos a tres servidores. Con esta compra de nuevas licencias, se ha podido dotar de fluidez y eficiencia, a través de 12 procesadores virtuales, a todo el proceso de gestión.

De igual modo, por primera vez, se usa la tecnología RPA (Robotic Process Automation), que permite el cruce de datos, la consulta de información y la lectura documental a través de procesos automatizados.

Con un presupuesto de 78.650 euros, se han contratado 35 robots para afrontar con solvencia el elevado volumen de solicitudes recibidas, ofreciendo las debidas garantías exigidas en el proceso, minimizando los errores y asegurando la posterior recuperación de los fondos a través del proceso de verificación y certificación del gasto.

La Consejería prevé culminar todo el proceso de resolución antes del periodo establecido de dos meses.