Andalucía emprende su camino en solitario con su propia Ley de Vivienda

El Gobierno andaluz ha conseguido aprobar en el Parlamento su proyecto de Ley de Vivienda de Andalucía, siendo la primera comunidad en tener sus propias normas en esta materia, con el objetivo prioritario de solucionar el problema de acceso a la vivienda, que afecta a toda España y no se resuelve con las medidas del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Así que la comunidad andaluza saca adelante la nueva norma con los votos favorables del Partido Popular de Juanma Moreno, que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara, mientras que el resto de formaciones han votado en contra. El rechazo se ha producido tanto por parte de Vox como de los grupos parlamentarios de la izquierda: PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía. El 8 de octubre el Pleno de la Cámara autonómica rechazó las enmiendas a la totalidad que presentaron estos mismos grupos.

Al respecto de la Ley, la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, en su intervención de cierre del debate final, ha asegurado que el texto "ha salido de la escucha" y el debate sereno". También ha destacado que el propósito de esta iniciativa legal es "poner todos los medios a nuestro alcance para facilitar suelo", al tiempo que ha sostenido que la política pública de vivienda "no es un campo de batalla ideológico", antes de afirmar que "es un derecho".

Se trata de una ley con 117 artículos, estructurados en ocho títulos, siete disposiciones adicionales, tres transitorias, una derogatoria y otras ocho disposiciones finales. Entre los órganos que contempla la futura Ley de Vivienda de Andalucía incluye la creación de una Comisión de Coordinación en materia de desahucios y de lucha contra la ocupación ilegal.

Detectar áreas prioritarias donde ampliar el parque residencial a precio asequible

La Ley de Vivienda de Andalucía contempla aspectos como las áreas prioritarias, zonas donde se detecte que hay mayores dificultades para el acceso a la vivienda y en las que se concentrarán los recursos de la administración en forma de ayudas al alquiler, ayudas a la compra o incentivos a la construcción de nueva vivienda o a rehabilitación.

El Gobierno andaluz defiende con este texto la colaboración público-privada en sus diferentes modalidades (concesiones, subvenciones) para ese objetivo de ampliar el parque residencial a precio asequible.

La nueva ley aspira a "optimizar la gestión del parque residencial" con la creación de un inventario único de viviendas públicas, ya sean de la Junta de Andalucía, de ayuntamientos o promotores privados.

Prevé crear una Comisión Técnica para la Calidad de la Vivienda en Andalucía para incentivar la industrialización en la construcción de viviendas y aspira también a apostar por la rehabilitación de viviendas a través de iniciativas de reconstrucción de barriadas y la eliminación de infraviviendas.

Evitar la ocupación y proteger a los vulnerables

Plantea también un buen uso del parque residencial y con ello evitar la ocupación ilegal y la sobreocupación, así como la protección de los más vulnerables. La futura norma establece mecanismos para el asesoramiento e información en materia de desahucios y ocupación, dentro del marco de sus competencias.

La Ley de Vivienda incorpora varias de las medidas urgentes del decreto ley ya en vigor, salvo aquellas que son de carácter temporal (cinco años), como la posibilidad de aumentar la densidad y la edificabilidad en parcelas si hay compromiso de que sean protegidas.

Suelo para 40.000 viviendas

Al calor del Decreto-ley 1/2025 el Gobierno andaluz ha apelado a un escenario futuro de posible construcción de viviendas asequibles a partir de las bolsas de suelo ofrecidas por los municipios mayores de 100.000 habitantes, por cuanto hay 49 municipios inscritos para un cambio de uso del suelo destinado a la construcción de viviendas protegidas, y en ese contexto ha señalado que "hay suelo para construir casi 40.000 viviendas".

El Decreto-ley 1/2025 establece un plazo de un año, que expira en febrero de 2026, para que los municipios puedan acogerse a ese cambio de uso de suelo en parcelas urbanizadas para destinarlas a viviendas. El Gobierno andaluz señala su trabajo para presentar un portal informático sobre las bolsas de suelo para vivienda protegida.

La Junta de Andalucía defiende la contribución de la Ley de Vivienda de Andalucía a la simplificación administrativa con la derogación de cuatro leyes: la Ley de la Vivienda Protegida en Andalucía de 2005; la Ley del Derecho a la Vivienda de 2010; la Ley de Función Social de la Vivienda de 2013; y la Ley de Tanteo y Retracto de 2018.