María Jesús Montero juega con las fechas para defender al SEPI y apunta a "insidias" del PP

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha tenido que dar explicaciones sobre las presuntas irregularidades en el marco de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que depende de su cartera, tras las detenciones de la Guardia Civil el pasado diciembre del expresidente de la compañía, Vicente Fernández, la exmilitante socialista Leire Díez y el empresario Antxon Alonso. Unos arrestos que se produjeron en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional (AN) sobre irregularidades en la contratación pública, que precipitaron registros de la UCO en las sedes de los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica en busca de documentación.

A pesar de la gravedad de los hechos, María Jesús Montero sigue sacando la cara por el correcto el funcionamiento del organismo y se aferra a las fechas para defender que la Guardia Civil está investigando al expresidente de la SEPI en un periodo en el que ya no se encontraba al frente de la empresa pública. Según la vicepresidenta, Vicente Fernández había dejado el organismo público "dos años" antes del periodo que la UCO está investigando.

Al respecto, ha querido aclarar que "los hechos que investiga la UCO no están paralelos con el tiempo del desempeño de las personas investigadas en la SEPI, sino que esas investigaciones están apuntando al periodo entre los años 2021 y 2023, dos años después de que esto se hubiera producido", ha explicado.

Montero resume la causa en "comportamientos de personas concretas"

La también líder del PSOE andaluz sostiene que, hasta el momento, las investigaciones no apuntan a ninguna ilegalidad en la tramitación de contratos y prefiere acusar al PP de lanzar "insidias" sobre la SEPI, porque asegura que las cuentas están auditadas tanto de forma interna como externa.

Montero ha señalado que no hay "ninguna investigación" en la que se ponga de manifiesto, "al menos por ahora", que haya habido "algún expediente" que se haya tramitado "de forma distinta a la legalidad". "Por tanto, tendrán que responder de sus actuaciones aquellas personas que, una vez que salieron de ese ámbito político, presuntamente se habrían relacionado con empresas que en ese momento está investigando la UCO", ha argumentado.

La ministra ha considerado que, en base a las informaciones publicadas, no hay "nada achacable" a "un mal funcionamiento que se pueda trasladar a la SEPI". "Lo que tendremos que ver es si los comportamientos de personas concretas cuando los tribunales lo sustancien han sido o no han sido delictivos", ha aducido.