Primera denuncia por posible homicidio contra Adif y Aesf por el accidente ferroviario de Adamuz

En el juzgado de Montoro (Córdoba), que instruye la investigación del gravísimo accidente de trenes con 41 víctimas mortales que tuvo lugar este pasado domingo en Adamuz, se ha registrado este miércoles una denuncia que pone en el foco a la empresa pública de Administración de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (Aesf), ambas dependientes del ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente.

Concretamente, la querella busca depurar las "posibles responsabilidades penales" en el siniestro ha sido presentada por la Asociación Liberium, a la vez que el Sindicato Colectivo de Funcionarios Manos Limpias se ha personado en la causa en el ejercicio de la acción popular.

Según el escrito, la asociación ha formulado denuncia por "hechos que pudieran ser constitutivos de delitos de homicidio por imprudencia grave, lesiones por imprudencia grave y un delito contra los derechos de los trabajadores", contra dos directivos de Adif y otro de la Aesf, así como "contra cualquier otro sujeto que en el curso de las investigaciones y a juicio de Su Señoría se pueda extraer su responsabilidad penal por su cargo o desempeño, esté o no aforado".

La querella se basa en la denuncia del Sindicato de Maquinistas

Además de relatar las consecuencias mortales para 41 personas en el accidente, además de 152 heridos, en la denuncia exponen que "con fecha 8 de agosto de 2025, el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf) remitió una comunicación formal y fehaciente a los hoy denunciados, en su calidad de máximos responsables de la seguridad en la circulación ferroviaria". En dicha comunicación, el sindicato manifestaba su "profunda preocupación por el estado general de las líneas, y en particular de la 010, 030, 040 y 050 de la red de Alta Velocidad".

Los denunciantes recuerdan que desde el sindicato se alertaba de la existencia de "cantidad de baches, garrotes, descompensación en la catenaria, etc.", que estaban produciendo una "falta de confortabilidad y fiabilidad en los viajes" y una "degradación profunda y acelerada en el material rodante, causando frecuentes averías". Asimismo, se dejaba constancia de que los maquinistas reportaban estas incidencias "diariamente a los Responsables de Circulación Adif, sin que se tome ninguna medida". Una situación que han reflejado a través de vídeos en redes sociales los usuarios del tren, como les hemos contado en ESdiario.

Todo ello, justo cuando la investigación ha descartado el exceso de velocidad como causa del descarrilamiento del tren de Iryo y, por lo tanto, también que se trate de un fallo humano de los conductores de los trenes.

Un riesgo avisado

Ante "la gravedad de la situación descrita y el riesgo evidente para la seguridad de viajeros y trabajadores", en la misma comunicación, Semaf solicitó expresamente la adopción de "una medida preventiva concreta y de carácter inmediato: la reducción de la velocidad máxima en dichas líneas, estableciéndose como límite 250 kilómetros por hora, medida que debería extenderse en el tiempo hasta que la red adecue su estado para poder circular a velocidad superior".

"Pese a la gravedad de la advertencia, la identificación precisa de los riesgos y la propuesta de una medida correctora específica, razonable y proporcionada, los hoy denunciados, en su condición de máximos responsables de la seguridad en la infraestructura y la circulación ferroviaria, omitieron adoptar medida alguna para mitigar o eliminar el riesgo denunciado", advierten desde la asociación, para apostillar que "no consta que se acordara la reducción de velocidad solicitada, ni que se iniciaran actuaciones urgentes de mantenimiento en las vías señaladas".

En este sentido, apuntan que "con esta inacción, los denunciados incumplieron de forma flagrante su deber de garante de la seguridad de las personas trabajadoras y viajeras, aceptando la continuación de una situación de grave riesgo que les había sido formalmente comunicada".

Así, consideran que "el fatal accidente acaecido en Adamuz es la materialización directa del riesgo grave y conocido sobre el que fueron advertidos los denunciados", a lo que añaden que "la omisión de su deber de actuar, no adoptando las medidas de seguridad que les eran exigibles y que les fueron expresamente solicitadas, fue la causa determinante o, cuanto menos, un factor causal decisivo en la producción del siniestro y de sus trágicas consecuencias".

Delito de homicidio por imprudencia grave

En concreto, la Asociación Liberum indica que "los hechos descritos son indiciariamente constitutivos de un delito de homicidio por imprudencia grave por cada uno de los fallecidos y un delito de lesiones por imprudencia grave por cada uno de los heridos, previstos y penados en el Código Penal". "La imprudencia reviste el carácter de grave al haberse omitido las más elementales normas de cuidado y diligencia exigibles a quienes ostentan la máxima responsabilidad en la seguridad ferroviaria, máxime tras haber sido advertidos de forma expresa y detallada del riesgo existente", añaden.

Asimismo, apuntan a "un delito contra los derechos de los trabajadores, en su modalidad de omisión de las medidas de seguridad e higiene en el trabajo, al no facilitar los medios necesarios para que los trabajadores (maquinistas) desempeñaran su actividad con las medidas de seguridad adecuadas, poniendo en grave peligro su vida, salud e integridad física".

Al hilo, detallan que "la responsabilidad de los denunciados se fundamenta en su posición de garante, derivada de los cargos que ostentan en Adif y en la Aesf, que les impone un deber jurídico específico de actuar para evitar riesgos en la circulación ferroviaria", a lo que agregan que "dicha posición se ve reforzada por el conocimiento efectivo del riesgo a través de la comunicación de Semaf".

Diligencias de investigación

Para la debida comprobación de los hechos denunciados, se interesa la práctica de diligencias como citar al secretario del Área Técnica de Semaf, "para que se ratifique en el contenido del escrito de fecha 8 de agosto de 2025"; que declaren en calidad de investigados los tres denunciados.

También, que se libre oficio a Adif y a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria para que "aporten a la causa el expediente completo tramitado a raíz de la comunicación de Semaf de 8 de agosto de 2025, así como cualquier informe, resolución o actuación interna adoptada en relación con la misma"; que se requiera a Adif para que "aporte copia de todos los partes de incidencias y comunicaciones internas de los maquinistas relativos a las deficiencias en las líneas 010, 030, 040 y 050 durante los seis meses anteriores al accidente".

Igualmente, que "se designe perito judicial independiente, experto en infraestructuras ferroviarias, para que emita informe sobre el estado de la vía en el punto kilométrico del accidente y en el tramo afectado, determinando si existían las deficiencias descritas por Semaf y su posible relación causal con el siniestro".

Por todo lo expuesto, la asociación suplica al juzgado que tenga por presentado este escrito con sus copias, lo admita, tenga por formulada denuncia contra las personas reseñadas y, tras acordar la práctica de las diligencias de investigación interesadas y cuantas otras se estimen pertinentes, acuerde su personación como acusación popular en el procedimiento que se incoe.

Manos Limpias pide custodiar las pruebas

Por su parte, Manos Limpias ha suplicado al juzgado que tenga por recibido su escrito, lo admita y lo una a los autos de su razón, con su personación en la causa como acusación popular, a la vez que señala que "no es exigible a la acción popular la presentación de querella, dado que la causa está iniciada, conforme reiterada jurisprudencia".

De igual modo, a los efectos de preservarse los indicios y pruebas de los hechos objeto de la instrucción, ve "necesario que antes de restablecerse el tráfico ferroviario se analicen las vías y se realicen vídeos del estado de las mismas, custodiándose los vagones afectados", de ahí que pida adoptar "las medidas necesarias para preservarse los indicios y pruebas de los hechos objeto de la instrucción".