Montero, salpicada por el fraude del voto por correo que cerca al PSOE andaluz
La Fiscalía pide imputar a Rocío López, dirigente socialista próxima a la candidata socialistas, por presuntas irregularidades en 32 solicitudes de voto por correo en Albaida del Aljarafe durante las municipales de 2019
La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Junta, María Jesús Montero
La Fiscalía ha solicitado la imputación de Rocío López, teniente de alcalde socialista de Albaida del Aljarafe, en una investigación sobre presuntas irregularidades en el voto por correo en las elecciones municipales de 2019, según ha publicado The Objective. El caso apunta a la tramitación anómala de al menos 32 solicitudes de sufragio y ha vuelto a colocar al PSOE andaluz bajo presión en plena campaña del 17M.
El Ministerio Público considera que existen indicios suficientes para practicar nuevas diligencias, entre ellas una prueba caligráfica, con el objetivo de determinar quién rellenó o gestionó las solicitudes bajo sospecha. La investigación se centra en si se produjo una gestión irregular y centralizada de votos por correo, algunos vinculados presuntamente a un mismo domicilio particular.
Votos por puestos de trabajo
El asunto no es nuevo. La Audiencia de Sevilla ya reabrió en 2022 la investigación por una supuesta compra de votos a cambio de puestos de trabajo en Albaida del Aljarafe, tras una denuncia que apuntaba al alcalde socialista José Antonio Gelo López y a otros cargos o ex cargos municipales.
La dimensión política del caso aumenta por la vinculación de Rocío López con el socialismo sevillano y con el entorno de María Jesús Montero, candidata del PSOE a la Junta de Andalucía. En plena campaña autonómica, la petición de la Fiscalía llega en el peor momento para un PSOE que ya afronta encuestas muy adversas y un desgaste acumulado por los escándalos históricos del socialismo andaluz.
El PP ya pidió explicaciones
El PP de Sevilla ya había exigido explicaciones al PSOE por esta presunta trama electoral en Albaida del Aljarafe, denunciando que los socialistas no podían seguir “escondidos” mientras cargos vinculados al partido aparecían relacionados con una investigación judicial sobre voto por correo.
La investigación tiene su origen en testimonios que alertaron de posibles irregularidades en la documentación electoral. Uno de los declarantes sostuvo que su documentación fue enviada a una dirección distinta a la suya, un extremo que los investigadores consideran relevante para reconstruir el circuito de las solicitudes.
La Guardia Civil también ha recabado información sobre posibles patrones de captación de votantes en situación de vulnerabilidad, aunque esos extremos siguen pendientes de verificación judicial. En esta fase, la petición de imputación no equivale a condena, pero sí eleva notablemente la gravedad del caso.
El caso de Albaida vuelve a abrir una cuestión especialmente sensible: la limpieza del voto por correo en procesos locales muy ajustados. Ya en 2019, el alto porcentaje de sufragio postal en el municipio despertó sospechas y provocó denuncias ante la Fiscalía, mientras el PSOE negaba entonces las acusaciones.
Con la campaña andaluza en marcha, la solicitud de imputación de una dirigente socialista cercana al poder orgánico del PSOE-A amenaza con convertirse en otro frente incómodo para Montero. Y para el PP, en un argumento demoledor: quienes se presentan como alternativa de regeneración tienen ahora que explicar las sombras de su propio poder municipal.