Un diputado del PSOE-A podría estar detrás del desvío de 40 millones de Europa

Los juzgados de Sevilla no dan abasto con los casos de corrupción en Andalucía y avanzan en las investigaciones sobre el presunto desvío de unos 40 millones de euros provenientes de fondos europeos y destinados a proyectos de modernización de regadíos en las marismas del Bajo Guadalquivir.

Se abre otro frente en el seno del grupo parlamentario del PSOE-A con la decisión del Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, que ha ordenado tener como investigado al diputado autonómico socialista por Almería y por ende aforado José Luis Sánchez Teruel.

El parlamentario está bajo sospecha por su anterior papel como director general de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de la Junta de Andalucía, según figura en el auto del magistrado Juan Gutiérrez Casillas. El instructor recuerda que las actuaciones giran en torno a una resolución dictada por el Instituto Andaluz de Reforma Agraria el 13 de octubre de 2004, en la cuál se aprobaba el proyecto de modernización interesado por la Comunidad de Regantes Marismas del Guadalquivir.

A través de esta resolución se concedía una ayuda de 40.119.944 euros, con un presupuesto de inversión subvencionable aceptado y con un plazo de ejecución de obras de 42 meses. Y aquí es donde profundiza la investigación ante el posible "incumplimiento de los requisitos de la subvención resuelta por la autoridad administrativa, la posible irregularidad en la adjudicación de obras, en sucesivas certificaciones de obras y el fin del dinero público".

El auto determina que Teruel podría haber tenido algún tipo de responsabilidad "por acción y omisión" en los hechos investigados por el cargo que ostentaba y detecta posibles delitos de prevaricación y malversación, "así como otros delitos de falsedad, negociación prohibida a los funcionarios públicos o tráfico de influencias".

El juez expone que Sánchez Teruel, aforado como diputado autonómico, debe ser citado para que tenga acceso al contenido íntegro de lo instruido y pueda ejercer derecho de defensa el próximo 16 de marzo que se ha fechado su comparecencia. En este caso, el PP andaluz se presenta como acusación popular y la Comunidad de Regantes Marismas del Guadalquivir como acusación particular.