La resaca de 36 años de PSOE desvela un agujero sin fondo

La Junta de Andalucía ha funcionado durante más de 36 años al mando del Partido Socialista y es ahora cuando se conoce como se manejaba el “cortijo”. A muchos andaluces no les pilla por sorpresa los resultados de las autorías que encargó el gobierno de Juanma Moreno nada más acceder a la presidencia y que ahora se dan a conocer haciendo una radiografía de la administración pública andaluza.

En total se publican 54 trabajos que analizan la administración y su crecimiento desproporcionado. Tanto es así, que las auditorías desvelan que, durante los anteriores gobiernos socialistas, se fue desarrollando una superestructura administrativa alrededor de la propia estructura de la Junta. Ello provocó duplicidad de funciones y competencias entre algunos entes, entre algunas de estas entidades y las consejerías de la que dependen y entre algunos entes y otras consejerías ajenas a los mismos.

El sector público instrumental andaluz consta de 10 agencias administrativas, 18 agencias públicas empresariales, tres de régimen especial, 16 consorcios, 23 fundaciones y 22 sociedades mercantiles. Todas ellas, un total de 92, con su correspondiente personal laboral propio que ascendía en 2018 a un total de 28.443 trabajadores: 8.023 profesionales sanitarios, 2.873 empleados de servicios sociales y 17.547 contratados como personal laboral general.

Toda una telaraña de empresas paralelas y cargos públicos, sin eficacia ni control, financiadas a costa del contribuyente, que ha visto como se ha despilfarrado el dinero público en asuntos básicos como el empleo, al mismo tiempo que la comunidad lideraba los índices de paro. Sin embargo, los andaluces poca ayuda han recibido de estos organismos, lo que arroja claros visos de que la mayoría se extinguirán o se fusionarán.

Las auditorías revelan más castigos al parado andaluz

El escándalo de los ERES en la comunidad dejó al descubierto el mal uso de los fondos públicos en Andalucía. Pero este maltrato al parado andaluz no se queda aquí. En las auditorías contratadas por el Gobierno, queda reflejado que esta fue una práctica habitual.

Ejemplo de ello ha sido el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), en el que han confluido los ex trabajadores de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), desde donde se utilizaban de manera fraudulenta tarjetas para pagar prostíbulos y donde se blindaron contratos justo antes de su cierre. También los asalariados de las antiguas Unidades Territoriales de Empleo (Utedlt), el personal de las escuelas consorcio, los promotores de empleo, del Plan Memta y la plantilla restante de las antiguas unidades de orientación.

Un abultado personal, que además se rige por 14 convenios colectivos diferentes, que poco ha aportado al bienestar de los andaluces. Así queda reflejado en el documento que ahora cuelga del Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía, donde no sólo se registran estas extrañas relaciones laborales, sino que se habla de la ineficaz en la gestión de los entes.

Como ejemplo: el 70,4% de los demandantes de empleo no recibió ofertas de trabajo a través del SAE, que solo se gestionó el 3% de las contrataciones en Andalucía o que realizó únicamente 12 ofertas por cada 100.000 habitantes. Al mismo tiempo cifras récord de desempleo, de más del 30%.

Organismos paralelos también para desarrollar ese espíritu emprendedor andaluz del que presumía el gobierno de Susana Díaz y sus antecesores Giñán y Chaves. Aquí ya se han tomado cartas en el asunto desde el Ejecutivo del PP y Cs, fusionando en la Agencia TRADE a la Agencia IDEA, Extenda, la Agencia Andaluza del Conocimiento y la Fundación Andalucía Emprende. Todas ellas, con unos objetivos comunes, simplificando de esta forma la administración.

Aún quedan documentos por conocer de estas autorías y, principalmente, saber el coste que han supuesto para la administración y como consecuencia para el bolsillo del contribuyente. También habrá que esperar a las medidas que tomará el Ejecutivo para reducir esta administración paralela, que dio sus primeros pasos al inicio de la Legislatura con la eliminación de altos cargos.