El alcalde del PSOE que llamaba a teléfonos eróticos de nuevo ante el juez

El exalcalde socialista del municipio sevillano de La Puebla del Río, Julio Álvarez, se sienta de nuevo en el banquillo de los acusados en el juicio que comienza por un presunto delito de prevaricación administrativa y lo hace junto a su compañera de partido y exalcaldesa de Benacazón, Juana María Carmona. El juicio, previsto para este martes, ha sido finalmente aplazado para ser celebrado en una sala de lo Penal por cuestiones competenciales.

Álvarez fue condenado en 2011 por un delito de malversación de caudales públicos, por gastar como alcalde de La Puebla del Río un total de 6.098 euros en llamadas privadas a una sola mujer y a teléfonos eróticos, usando el teléfono móvil del Ayuntamiento.

Ahora afronta un nuevo proceso judicial, ya que la Audiencia de Sevilla investigaba en la sesión a Álvarez y Carmona por un presunto delito de prevaricación administrativa derivado de la contratación de un exconcejal socialista en la Mancomunidad de Residuos del Guadalquivir, cuando el primero de ellos presidía la misma y la segunda era regidora, "sin seguir el procedimiento administrativo legalmente establecido".

Al banquillo un exalcalde del PSOE por quedarse con dinero público de su partido

 Según el escrito de acusación de la Fiscalía, los hechos se remontarían a junio de 2009, cuando Álvarez González presidía la Mancomunidad de Residuos del Guadalquivir y "contrató" a Daniel P.S. para un puesto de peón de recogida de basuras en este organismo. Todo apunta a que fue "a propuesta previa" de la alcaldesa de Benacazón y sin convocatoria previa para cubrir el puesto "ni ser respetado el orden de méritos de las listas definitivas de la bolsa de empleo temporal de la mancomunidad". Y es que el exedil ocupaba en la fecha de su contratación el puesto número 21 de la lista, según el Ministerio Público.

La exalcaldesa de Benacazón (Sevilla), Juana María Carmona (PSOE).

La Fiscalía considera que los hechos constituyen un supuesto delito de prevaricación administrativa, cuya autoría achaca a Julio Álvarez González; mientras a Juana María Carmona atribuye el papel de "autor (inductor)". Dado el caso, pide para cada uno de ellos una condena a 12 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.