García-Page defiende que el Supremo no actúa contra Puigdemont: aplica su doctrina tradicional sobre la malversación

Desde Madrid, el presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page, ha manifestado que "el Supremo no está adaptando su opinión sobre la malversación para atacar a Puigdemont", sino que "simplemente está aplicando la doctrina que ha sostenido durante más de una década". En su opinión, cualquier persona con conocimientos jurídicos puede reconocer que la interpretación actual del Tribunal Supremo no es nueva ni oportunista, sino fruto de una línea doctrinal establecida mucho antes de que el expresidente catalán se encontrara en el centro del debate.

García-Page ha querido subrayar que el Supremo no ha improvisado una doctrina ad hoc para este caso concreto, y que sus resoluciones se enmarcan en la coherencia de una jurisprudencia consolidada. “Tiene acreditada una jurisprudencia interpretativa del delito de malversación desde mucho antes de Puigdemont”, ha recalcado.

Asimismo, ha cargado con dureza contra la reforma del delito de malversación llevada a cabo tras el acuerdo entre el PSOE y Esquerra Republicana de Catalunya en 2022, calificándola de “pacto perverso” que, a su juicio, tuvo como principal objetivo beneficiar directamente a Puigdemont. "Se quiso adaptar el delito de malversación a los intereses de Puigdemont, y eso es de las cosas más rechazables que he visto en política", ha denunciado. Reconoció también que dicha reforma supuso una decepción personal, especialmente por provenir de su propio partido. “Me dolió mucho como socialista”, confesó.

García-Page ha apuntado que el Congreso no pudo avanzar más en la rebaja de penas, al encontrarse limitado por la legislación europea, que impone estándares claros sobre cómo deben tipificarse los delitos relacionados con la malversación de fondos públicos. En este sentido, ha insistido en que el Tribunal Supremo simplemente está aplicando la normativa vigente y su doctrina consolidada, sin sesgos ideológicos ni intenciones particulares.

Finalmente, el presidente autonómico se ha mostrado convencido de que este conflicto jurídico y político tendrá un recorrido largo y acabará resolviéndose en instancias internacionales. “Este asunto va a acabar, sin duda, en el Tribunal Europeo”, sentenció, mostrando su confianza en que Europa jugará un papel clave en la resolución definitiva del caso.