Castilla y León refuerza su lucha contra los incendios con dos decretos que modernizan el operativo

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado dos decretos ley que marcan un antes y un después en la gestión y prevención de incendios forestales en la Comunidad. Por un lado, se moderniza y profesionaliza el dispositivo público de prevención y extinción de incendios forestales; por otro, se aprueban medidas urgentes para reducir riesgos y proteger a la población tanto en entornos urbanos como rurales.

Con ambos textos, el Ejecutivo autonómico da un paso firme hacia un modelo de protección integral que combina la estabilidad laboral, la acción preventiva continua y la seguridad de las personas.

El nuevo decreto ley de modernización del operativo establece un dispositivo público permanente, preparado para actuar durante todo el año y no solo en las campañas estivales. La norma consolida un modelo basado en la profesionalización, la estabilidad y el reconocimiento institucional de los trabajadores, beneficiando de forma directa a cerca de 2.200 empleados públicos.

La Consejería de la Presidencia modificará antes de que finalice 2025 las Relaciones de Puestos de Trabajo de funcionarios y personal laboral, cuyos costes ya se contemplan en el Proyecto de Presupuestos. Esta reforma permitirá que los empleados públicos no solo intervengan en la extinción, sino también en labores de prevención, mantenimiento de infraestructuras, restauración del entorno y vigilancia forestal, extendiendo su actuación a emergencias de protección civil.

El decreto también prevé convertir los contratos fijos discontinuos en empleos estables y a jornada completa, lo que reforzará la planificación, la profesionalización y la continuidad del dispositivo. Además, incluye la creación del nuevo Cuerpo de Agentes Medioambientales del Grupo B, la funcionarización de los celadores de Medio Ambiente y el reconocimiento oficial de la figura del Bombero Forestal, con mejoras laborales, complementos específicos y la aplicación de coeficientes reductores para la jubilación anticipada.

La Junta también fija el objetivo de que, entre 2026 y 2028, todo el dispositivo pase a ser plenamente público, excepto en servicios de alta especialización como los medios aéreos o la maquinaria pesada. Este proceso irá acompañado de un plan de formación continua coordinado por la Escuela de Administración Pública y el Centro para la Defensa contra el Fuego de León.

En paralelo, el Decreto Ley de medidas urgentes frente al riesgo de incendios forestales y para la protección de las personas en entornos urbanos refuerza la prevención en todo el territorio, mejora la coordinación institucional y adapta el marco legal a los nuevos desafíos del cambio climático y la virulencia de los incendios recientes.

Entre sus principales novedades destaca la creación de 'anillos de seguridad' en los núcleos urbanos, franjas de terreno que actúan como barrera protectora ante incendios provenientes del entorno forestal. También integra la prevención en la normativa urbanística y refuerza los Planes de Protección Civil locales.

La norma introduce modificaciones en leyes clave, como las de Montes, Patrimonio Natural, Urbanismo y Carreteras, para agilizar los procedimientos, simplificar trámites y facilitar la gestión activa de los montes. Además, impulsa el mantenimiento de los usos agrícolas tradicionales como medida para crear discontinuidades naturales frente al fuego, ampliando los plazos para la reversión de terrenos y simplificando los procesos de concentración parcelaria.

El texto también refuerza las capacidades del operativo con medidas administrativas que agilizan la cobertura de vacantes, priorizan los expedientes urgentes y consolidan su carácter de servicio público esencial. Asimismo, se promueven acciones de apoyo a municipios y diputaciones en materia de prevención.

Ambas normas, que entrarán en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, consolidan un modelo público, moderno y profesional, con el objetivo de proteger los montes, los pueblos y las personas de la Comunidad frente al creciente riesgo de incendios.