El "pisotón" de Sánchez a los servicios públicos de Castilla y León que Mañueco no tolera

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha alzado este miércoles la voz contra la propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, que se debate en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), y la ha calificado sin rodeos como “un pisotón a los servicios públicos” de la Comunidad.

Mañueco ha mostrado su “muchísima preocupación” por un planteamiento que, a su juicio, resulta incomprensible y perjudica directamente a una de las comunidades que mejor gestiona sus recursos. “Castilla y León gestiona con eficacia los servicios públicos. Aprovechamos bien los recursos que tenemos y no queremos que nadie nos los quite”, ha defendido el presidente autonómico.

Durante su intervención tras la presentación del Plan de inversiones de Indra en Castilla y León, el dirigente popular ha puesto cifras sobre la mesa para evidenciar el agravio. Castilla y León representa casi el 20 por ciento del territorio nacional y el 5 por ciento de la población española, pero con la propuesta del Ejecutivo apenas recibiría el 1,29 por ciento de los nuevos fondos previstos en el reparto.

Un desequilibrio que, según Mañueco, pone en riesgo la prestación de servicios públicos esenciales en una comunidad extensa, envejecida y con una elevada dispersión territorial, factores que el Gobierno vuelve a ignorar en su diseño de la financiación autonómica.

Ante este escenario, el presidente de la Junta ha sido tajante y ha garantizado que su Ejecutivo no se resignará al planteamiento de Moncloa. “Vamos a defender una financiación justa para Castilla y León y para España”, ha asegurado, dejando claro que la Comunidad votará en contra en el CPFF.

“Tenemos que decir que no y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que esta propuesta no salga adelante”, ha sentenciado Mañueco, marcando distancias con un Gobierno que, según denuncia, vuelve a castigar a las comunidades que gestionan con responsabilidad mientras prioriza criterios políticos en el reparto de los recursos.