Castilla y León planta cara a Sánchez por el reparto de menores migrantes: la Junta amenaza con llevarlo a los tribunales

La Junta de Castilla y León no está dispuesta a aceptar sin más el reparto de menores extranjeros planteado por el Gobierno de Pedro Sánchez. El Ejecutivo autonómico ha dejado abierta la puerta a acudir a los tribunales si finalmente se trasladan a la Comunidad menores que actualmente se encuentran en Ceuta y considera que la decisión perjudica sus intereses o invade sus competencias. Así lo ha anunciado el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, después del Consejo de Gobierno.

El Gobierno central plantea distribuir entre distintas comunidades autónomas alrededor de 500 menores extranjeros que permanecen actualmente en Ceuta, procedentes de países africanos. Ante este escenario, Carriedo ha subrayado que el Ejecutivo autonómico, formado por PP y Vox, mantiene una “oposición radical” a la política migratoria y de acogida impulsada por La Moncloa.

“Nos opondremos de forma radical a cualquier acción que sea contraria a los intereses de Castilla y León y no tenga en cuenta nuestra opinión”, ha advertido el portavoz, que ha asegurado que la Junta presentará los “recursos correspondientes” si finalmente resulta necesario.

Carriedo ha enmarcado además el debate en la seguridad nacional y el control de las fronteras. A su juicio, no se trata únicamente de una cuestión de distribución territorial de menores, sino de las consecuencias de la política migratoria del Ejecutivo. “Estamos ante un problema de seguridad nacional y de control de fronteras”, ha afirmado, antes de atribuir la situación al “fracaso” del Gobierno de España.

La posición de la Junta, según ha defendido su portavoz, encaja además con el acuerdo de Gobierno alcanzado entre PP y Vox en Castilla y León. Carriedo ha recordado que la Comunidad ya recurrió durante la pasada legislatura algunas decisiones adoptadas por el Ejecutivo central relacionadas con la política migratoria, cuando el PP gobernaba en solitario, al considerar que perjudicaban los intereses de Castilla y León.

Uno de los puntos que la Junta quiere analizar es precisamente el encaje competencial del eventual traslado. Carriedo ha señalado que el Ejecutivo autonómico “explorará” si existe una vía para recurrir que menores cuya tutela corresponde a otra autonomía puedan ser trasladados a un territorio sobre el que, según ha planteado, esa comunidad no tiene competencias. La Junta quiere estudiar así todas las posibilidades jurídicas antes de aceptar una medida que considera contraria a sus intereses.

La Junta reclama también el retorno de quienes entren irregularmente

En paralelo, Carriedo ha defendido la necesidad de “garantizar el retorno” de las personas que hayan entrado irregularmente en España a sus lugares de origen. El portavoz ha planteado esta posición sin establecer una diferenciación entre mayores y menores durante su intervención.