Castilla y León sigue plantando cara al modelo de financiación de Sánchez por un motivo claro: solo recibiría el 1,3% de los 21.000 millones extra

Castilla y León ha elevado la voz contra la propuesta de financiación autonómica planteada por el Gobierno de Pedro Sánchez. La Junta considera que el modelo es “absolutamente injusto” con la Comunidad y reclama al Ejecutivo que rectifique antes del próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, previsto para el 4 de septiembre.

El motivo principal de su rechazo está en el reparto: de los 21.000 millones de euros adicionales contemplados en la propuesta, Castilla y León recibiría únicamente 271 millones, el 1,3% del total.

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha advertido este jueves de que la documentación remitida por el Gobierno confirma que el modelo planteado coincide “punto por punto” con el que presentó Oriol Junqueras en febrero.

Castilla y León se prepara así para defender sus intereses en la reunión que congregará a las comunidades autónomas y reclama a Moncloa que abandone una propuesta que considera perjudicial para la región.

Carriedo ha reclamado que la financiación autonómica responda a las necesidades reales de los ciudadanos y no se convierta en una herramienta para obtener apoyos parlamentarios. En este sentido, ha pedido al Gobierno que plantee un sistema “justo” y ha rechazado que la financiación pueda utilizarse como “moneda de pago a ERC” a cambio de respaldo político.

La Junta pone el foco especialmente en la diferencia entre el peso territorial y demográfico de Castilla y León y los recursos que recibiría con el modelo propuesto. La Comunidad representa el 20% de la superficie de las autonomías de régimen común y concentra el 5% de su población, pero únicamente obtendría 271 millones de los 21.000 millones adicionales previstos.

Para Carriedo, la financiación autonómica debe servir para sostener servicios públicos esenciales como la educación, la sanidad y los servicios sociales. El consejero ha defendido que ese debe ser el objetivo de cualquier nuevo modelo y no un acuerdo político entre el Gobierno y ERC que termine condicionando el reparto de los recursos entre comunidades.

La Junta critica además que estas semanas no hayan servido para que el Ejecutivo explique o modifique su propuesta. El Consejo de Política Fiscal y Financiera fue aplazado en julio precisamente para que las comunidades pudieran estudiar la documentación y, a una semana de su nueva convocatoria, Castilla y León considera que el Gobierno sigue sin haber rectificado. Por ello, la Comunidad ya anticipa que defenderá su posición en el Consejo del próximo 4 de septiembre.