TVE, Cintora y Gonzalo Miró: cárcel a sus productores por un delito para favorecer a Rocío Carrasco

La sentencia que acaba de dictar la Audiencia Provincial de Madrid, de la que les hemos informado en ESdiario, ha reabierto un viejo debate que la televisión pública parecía empeñada en esquivar: qué límites éticos deben observar las productoras que trabajan con dinero de todos. Porque no hablamos de un error administrativo ni de un exceso verbal en un plató, sino de un delito de revelación de secretos, grave, concreto y directamente conectado con la intimidad de una menor. 

Los condenados (a dos años de cárcel, 200.000 euros de multa y otros dos años de inhabilitación como autores "criminalmente responsables" de un delito de de revelación de secretos) son Óscar Cornejo y Adrián Madrid, nombres que remiten a una época concreta de la televisión-espectáculo, pero que hoy resuenan en RTVE, donde su nueva productora —La Osa Producciones— firma dos programas en plena emisión: Malas Lenguas, con Jesús Cintora, y Directo al grano, con Gonzalo Miró y Marta Flich, tres presentadores de marcado perfil sanchista.

La televisión pública, en un momento especialmente delicado, se encuentra ahora financiando con dinero de todos los españoles a dos profesionales sentenciados a dos años de prisión, a una indemnización de 200.000 euros a Rocío Flores y a dos años de inhabilitación para ejercer su profesión. Y el motivo, además, tiene una carga simbólica de enorme potencia: la difusión, en prime time, de material judicial reservado sobre la hija de Rocío Carrasco, cuando era menor, para apuntalar el relato televisivo que encumbró a su madre como icono de una causa televisiva que, casualmente, ha terminado integrándose con fluidez en la nueva TVE, donde Rocío es ahora figura recurrente.

Un delito que conecta mundos

El fallo judicial no deja lugar a interpretaciones benévolas: se vulneró la intimidad de una menor, se airearon informes psicosociales, entrevistas, sanciones y valoraciones íntimas protegidas por ley, y se hizo sin autorización de la única persona legitimada para concederla: Rocío Flores. La sentencia insiste en que aquella documentación jamás debió llegar a la pantalla y subraya que su difusión perseguía, entre otras cosas, consolidar un liderazgo de audiencia. La justicia habla de “daño moral evidente”, de “estigmatización” y de una “intromisión ilegítima” cuyo impacto no se mide en audímetros, sino en la angustia de quien vio convertida su adolescencia judicial en espectáculo nacional.

Pero lo más inquietante de este caso es que Cornejo y Madrid han sido condenados por el mismo delito que el ex fiscal general del Estado, aquel que destruyó pruebas y se movió en las sombras para proteger intereses políticos. Una coincidencia que parece más bien una señal: la revelación de secretos se ha convertido en la herramienta predilecta de quienes avanzan en el territorio donde se mezclan poder político, mediático y judicial. La diferencia es que, en este caso, la revelación servía para blindar el relato televisivo de Rocío Carrasco, justo cuando TVE la había integrado como rostro propio.

RTVE en la encrucijada

Es inevitable que surja la pregunta de fondo: ¿es legítimo que los contribuyentes financien los proyectos de dos condenados por un delito tan grave, especialmente cuando ese delito está directamente vinculado a una estrategia mediática que acabó fortaleciendo a una figura hoy muy presente en la televisión pública?

Porque mientras la sentencia golpea a José Pablo López, el presidente de RTVE, la tele pública mantiene en antena los programas de La Osa Producciones sin matices, sin debates internos conocidos y sin un mínimo gesto de distancia institucional. La coincidencia, o la casualidad —si es que alguien aún cree en ella—, adquiere un contorno excesivamente perfecto: dos condenados por revelar secretos para apuntalar el relato de Rocío Carrasco; una televisión pública que hoy abraza a Rocío como una de sus figuras; y una productora, dirigida por esos mismos condenados, que encuentra acomodo en la parrilla pública con rostros más que afines a Pedro Sánchez.

Todo encaja con una facilidad tan sospechosa que, más que respuestas, provoca nuevas preguntas. Y la principal es la que late tras cada línea de esta historia: ¿qué está comprando realmente RTVE cuando contrata proyectos producidos por dos condenados por vulnerar la intimidad de una menor?

Una televisión pública debería ser el refugio de la ética, no el lugar donde los delincuentes encuentran cobijo.