Enrique Montañés, exmarido de Mónica García, el directivo que cobró el bono social

Cuando Pedro Sánchez decidió incorporar a Mónica García al Consejo de Ministros en 2023, la dirigente de Más Madrid dio el salto definitivo de la política autonómica madrileña al escaparate nacional. Su perfil combativo frente al Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso la había convertido en uno de los rostros más reconocibles de la oposición en Madrid. Sin embargo, su aterrizaje en el Ministerio de Sanidad quedó rápidamente condicionado por una polémica que no nació en su gestión sanitaria, sino en su entorno familiar.

El protagonista indirecto fue su entonces marido, Enrique Montañés García, vicepresidente senior para el sur de Europa de la multinacional CHEP, especializada en soluciones logísticas y cadenas de suministro. Con una retribución estimada en torno a los 200.000 euros anuales, Montañés solicitó y percibió el bono social térmico por importe de 195,82 euros, una ayuda pública diseñada para aliviar el gasto energético de hogares en situación de vulnerabilidad.

La cuantía era reducida, pero el perfil económico del beneficiario provocó una tormenta política. La oposición no tardó en señalar la contradicción entre el discurso social de la entonces portavoz y la percepción de una ayuda destinada, en teoría, a familias con dificultades. El paralelismo resultó especialmente incómodo porque la propia García había exigido responsabilidades al vicepresidente madrileño, Enrique Ossorio, por haber cobrado la misma prestación bajo el Ejecutivo autonómico.

La hoy ministra aseguró que desconocía la solicitud realizada por su marido y explicó que la concesión se produjo de manera automática por la condición de familia numerosa. Anunció que devolverían el importe y pidió disculpas públicas. No obstante, el episodio quedó instalado en el debate político como ejemplo de lo que sus críticos calificaron de doble vara de medir.

La controversia coincidió además con una crisis matrimonial que terminaría en divorcio meses después. García abandonó la vivienda familiar en el distrito de Retiro, propiedad de su exmarido, y ambos acordaron la custodia compartida de sus tres hijos. La separación añadió presión mediática a un momento ya delicado en lo político.

En 2026, con García consolidada en el Ministerio de Sanidad y en plena batalla parlamentaria por la gestión del sistema sanitario, el nombre de Montañés reaparece de forma recurrente cada vez que el Gobierno anuncia revisiones en los criterios de acceso a ayudas energéticas o reformas dirigidas a limitar su concesión a familias numerosas con rentas altas. Para la oposición, aquel episodio evidenció fallos en el sistema y falta de coherencia; para el entorno de la ministra, se trató de un error administrativo sobredimensionado.

Sea como fuere, el exmarido, discreto y alejado del foco público, terminó convirtiéndose en un actor involuntario de una de las polémicas más persistentes en la trayectoria nacional de la ministra. Una ayuda modesta en términos económicos, pero con un impacto político que, tres años después, sigue proyectando su sombra.