Pedro Sánchez pierde una batalla jurídica con el Rey Felipe: blindaje de la Casa Real

El blindaje jurídico de la Corona no solo sigue en pie, sino que se refuerza. Y lo hace de forma silenciosa, sin grandes titulares, pero con una importancia estratégica que en Zarzuela consideran clave para evitar cualquier sobresalto futuro.

La decisión de prorrogar por segunda vez el acuerdo con la Abogacía del Estado confirma una línea clara: la Casa del Rey no quiere dejar ningún flanco abierto en el terreno legal. Sin embargo, detrás de este movimiento hay un matiz político que añade más tensión al contexto institucional.

El convenio, firmado originalmente en 2019 bajo el mandato de Jaime Alfonsín, tal y como recoge Monarquía Confidencial, establecía un sistema de asistencia jurídica global para la institución. Es decir, un respaldo permanente de los letrados del Estado en caso de cualquier conflicto judicial o necesidad de asesoramiento. Lo relevante ahora es que, pese a las dudas iniciales sobre su continuidad, existe margen legal suficiente para activar una segunda prórroga y mantener intacto ese escudo.

Pero la clave no está solo en la prórroga, sino en lo que ha ocurrido antes. Según ha podido comprobar ESdiario, la decisión llevaba tiempo inexplicablemente congelada desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa. Un bloqueo que no tenía una justificación técnica clara y que, en la práctica, mantenía en el aire un instrumento considerado esencial por Zarzuela. Ese parón, lejos de ser un simple retraso administrativo, se interpreta en determinados ámbitos como un síntoma más del enfriamiento en las relaciones entre el Ejecutivo y la Corona.

No es el primer roce. En los últimos años, distintos episodios han evidenciado desencuentros entre ambas instituciones, y el propio Sánchez con el Rey Felipe, algunos más visibles que otros, pero todos ellos con un denominador común: la dificultad para mantener una relación fluida en cuestiones sensibles. El caso del blindaje jurídico encaja en ese patrón, al tratarse de un asunto técnico que, sin embargo, ha terminado adquiriendo una dimensión política.

La situación cambia ahora con la reactivación de la prórroga. Desde el punto de vista jurídico, el mecanismo es claro: mientras la prórroga actual siga vigente, ambas partes pueden acordar una extensión adicional sin necesidad de renegociar todo el marco desde cero. Eso permite a la Casa Real garantizar continuidad y evitar incertidumbres. Pero desde el punto de vista institucional, el mensaje es más complejo: se desbloquea una decisión que nunca debió quedar en suspenso.

Los datos, además, refuerzan esa idea de prevención. Desde que se firmó el acuerdo en 2019, no consta que la Casa del Rey haya tenido que recurrir a este servicio en los tribunales. Siete años sin litigios relevantes y, aun así, la voluntad de mantener —y reforzar— el sistema. Puede parecer un contrasentido, pero en Zarzuela lo ven justo al revés: no se trata de responder a problemas, sino de anticiparse a ellos.

El modelo, además, no es excepcional. Funciona de forma similar al que utilizan otros organismos públicos, lo que permite a la Casa Real contar con el respaldo de la Abogacía del Estado sin necesidad de desarrollar una estructura jurídica propia. Y al mismo tiempo, se mantiene la posibilidad de recurrir a defensa privada en casos concretos, lo que introduce un margen de maniobra adicional.

Suficientemente robusto como para garantizar cobertura en cualquier escenario, pero con la libertad necesaria para tomar decisiones estratégicas según el caso. Esa combinación es la que explica que, pese a no haber sido activado en los tribunales, el acuerdo siga siendo considerado imprescindible.

La reactivación de la prórroga no solo cierra un frente técnico, también pone de manifiesto un episodio más en la relación entre Zarzuela y Gobierno. Desencuentro silencioso.