El aquelarre anti Peinado de Javier Ruiz y los dos zascas inmediatos que se llevó

Lo ocurrido en RTVE con Javier Ruiz es un ejemplo perfecto del periodismo militante disfrazado de información. El presentador dedicó buena parte de su programa a cuestionar al juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso de Begoña Gómez, hasta el punto de insinuar una posible prevaricación por enviar a la esposa del presidente Sánchez a juicio ante un tribunal con jurado popular. Su tesis era clara: “Se dicta un tribunal con jurado. Para delitos de malversación es la excepción más que la norma”, repitió varias veces, como si la mera reiteración pudiera convertir la consigna en verdad.

Pero la realidad jurídica, lejos de las soflamas televisivas, es que en este asunto no hay margen de interpretación. La Ley Orgánica del Tribunal del Jurado es taxativa al incluir la malversación entre los delitos que deben ser enjuiciados por este sistema. Y así lo explicó con claridad el magistrado Joaquín González-Vega, el único jurista al que Ruiz se dignó a consultar: “No está en manos del juez, es algo legalmente establecido. Es el procedimiento adecuado”. Un zasca en toda regla, porque desmontaba de un plumazo la teoría conspirativa que Ruiz trataba de vender a su audiencia.

Lo más esperpéntico es que la insistencia del presentador fue tan contumaz que hasta un periodista de eldiario.es, un medio identificado con el sanchismo, tuvo que salir a corregirle. Con evidente incomodidad, aclaró: “Es lo que está recogido en la Ley del Jurado”. Resulta revelador que incluso un medio alineado ideológicamente con el Gobierno se viera obligado a poner freno a la desinformación que Ruiz difundía desde la televisión pública. No hablamos, por tanto, de una discrepancia de matices, sino de un error grosero y malintencionado.

Sin embargo, ni el desmentido del magistrado ni la corrección de su propio colaborador fueron suficientes para que Javier Ruiz rectificara. Durante el resto del programa, mantuvo la acusación contra el juez Peinado, insistiendo en que la decisión de enviar a Gómez al jurado popular no respondía a la legalidad sino a una suerte de maniobra procesal torticera. Una actitud irresponsable, que en cualquier periodista serio habría provocado sonrojo inmediato y disculpas públicas.

El episodio evidencia la estrategia de parte del aparato mediático afín al sanchismo: blindar a Begoña Gómez a toda costa, aunque eso implique cuestionar sin pruebas a un magistrado e intentar sembrar dudas sobre la aplicación de la ley. El relato victimista exige convertir cualquier avance judicial en un ataque político, incluso si para ello hay que deformar el derecho procesal más básico. El problema para Javier Ruiz es que, esta vez, la realidad le pasó por encima en directo.