Alfonso Muñoz aclara el debate sobre la prioridad nacional: "El verdadero problema no es el requisito, sino cómo se ha llamado"
El análisis de Alfonso Muñoz pone el foco en el contenido jurídico de la denominada prioridad nacional y en la diferencia entre exigir residencia para acceder a una prestación y establecer criterios de preferencia para repartir recursos públicos
Alfonso Muñoz analiza las diferencias jurídicas entre los requisitos de residencia ya existentes en la legislación española y el criterio de preferencia incorporado a los Presupuestos de la Comunidad Valenciana.
La incorporación del denominado principio de "prioridad nacional" a los Presupuestos de la Comunidad Valenciana ha reabierto el debate sobre su encaje jurídico y constitucional. Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, analiza el alcance real de la medida.
Según expone, el texto aprobado señala que se procurará una asignación prioritaria de determinados recursos públicos a quienes acrediten un arraigo real, duradero y verificable en la Comunidad Valenciana. Para ello se tendrán en cuenta aspectos como el historial de empadronamiento, la vinculación familiar o la trayectoria laboral.
El funcionario insiste en separar dos cuestiones que, a su juicio, no deben confundirse: el nombre elegido para la medida y su contenido jurídico. Esa diferencia constituye el eje de toda su explicación, ya que considera que el debate público suele centrarse en la denominación mientras que el análisis jurídico debe dirigirse al contenido efectivo de la norma.
En este sentido, recuerda que la exigencia de una determinada residencia o permanencia para acceder a prestaciones públicas no constituye una novedad dentro del sistema jurídico español.
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Alfonso Muñoz recuerda que la legislación ya exige residencia para determinadas prestaciones
Durante su explicación, Alfonso Muñoz pone varios ejemplos de normas actualmente vigentes que ya establecen requisitos de residencia para acceder a determinadas ayudas públicas.
Explica que la pensión no contributiva de jubilación exige haber residido legalmente en España durante diez años, de los cuales dos deben ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud.
También señala que la pensión no contributiva de invalidez exige cinco años de residencia legal, manteniéndose igualmente el requisito de que los dos últimos sean consecutivos e inmediatamente anteriores a la petición.
Respecto al Ingreso Mínimo Vital, recuerda que la Ley 19/2021 exige residencia legal y efectiva en España, mantenida de forma continuada durante al menos el año inmediatamente anterior a la solicitud, salvo las excepciones previstas en la propia norma.
A partir de estos ejemplos, concluye que el ordenamiento jurídico español ya contempla desde hace años que determinadas prestaciones asistenciales financiadas con fondos públicos exijan acreditar una residencia legal y una permanencia mínima en el territorio nacional.
Aunque reconoce que la legislación ya incorpora requisitos de residencia para algunas prestaciones, Alfonso Muñoz realiza una importante matización personal.
Explica que no comparte la utilización de la expresión "prioridad nacional", no porque considere imposible establecer requisitos de residencia o permanencia, sino porque entiende que las palabras tienen una especial importancia en el ámbito jurídico.
Según expone, una denominación puede inducir a interpretar que el contenido de una norma es más amplio o incluso diferente de lo que realmente establece. En este caso, considera que al escuchar la expresión prioridad nacional muchas personas pueden entender que las ayudas públicas quedarían reservadas únicamente para ciudadanos españoles.
Sin embargo, tras leer el texto aprobado, sostiene que el criterio utilizado no es la nacionalidad, sino el arraigo, la residencia y la vinculación efectiva con el territorio. A su juicio, esa diferencia tiene una relevancia jurídica importante.
Alfonso Muñoz señala dónde puede aparecer el debate constitucional sobre la prioridad nacional
La parte final del análisis se centra en lo que Alfonso Muñoz considera la verdadera diferencia respecto a la normativa ya existente.
Mientras que en prestaciones como las pensiones no contributivas o el Ingreso Mínimo Vital la residencia constituye un requisito previo para acceder a la ayuda, en la regulación incorporada a los Presupuestos de la Comunidad Valenciana el denominado principio de prioridad nacional se configura como un criterio de preferencia para la asignación de determinados recursos públicos.
Esa diferencia es la que, según explica, puede plantear cuestiones jurídicas y constitucionales.
En concreto, indica que el debate podría surgir desde la perspectiva del principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución Española y del régimen jurídico aplicable a los extranjeros previsto en el artículo 13.
Por ese motivo, concluye que serán los tribunales quienes deban determinar si la regulación respeta o no el marco constitucional.
El vídeo termina con una idea que resume todo su planteamiento: antes de formar una opinión sobre una cuestión jurídica, resulta imprescindible conocer primero lo que establece la normativa.