El TSJCV ordena indemnizar a la exgerente de FGV con 99.000 € tras la investigación de Les Corts sobre el accidente de metro
El tribunal considera que la comisión de investigación de 2016 vulneró el honor de Marisa Gracia al atribuirle responsabilidades políticas tras el siniestro de la Línea 1, en el que murieron 43 personas.

La exgerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) Marisa Gracia (dech), a su llegada a la ciudad de la Justicia de Valencia. 27/1/2020
La Sección Cuarta de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha reconocido el derecho de la exgerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), Marisa Gracia, a recibir una indemnización de 99.343 euros por daños y perjuicios. El fallo estima parcialmente su recurso al considerar que la comisión de investigación de Les Corts sobre el accidente de Metrovalencia de 2006, en el que murieron 43 personas, vulneró su honor con conclusiones “extralimitativas”.
Gracia solicitaba más de 218.000 euros, pero el TSJCV fija la indemnización en 99.343 euros, al entender que las declaraciones vertidas en el dictamen parlamentario de 2016 dañaron su reputación y le ocasionaron perjuicios morales. El tribunal aplica el criterio ya señalado por el Tribunal Constitucional en 2018, cuando estimó el recurso de amparo de otro directivo de FGV al que también se reconoció vulneración de su honor.
Contexto del caso Metrovalencia
La comisión de Les Corts, creada en 2016, un año después de que el Botànic llegara a la Generalitat, atribuyó a Gracia responsabilidades políticas por supuestos actos ilícitos relacionados con su gestión tras el accidente de la Línea 1. Sin embargo, un juzgado de lo Penal la exoneró de responsabilidad penal en relación con aquellos hechos.
Para el TSJCV, las comisiones parlamentarias no tienen competencias para determinar la existencia de conductas punibles ni la autoría de empleados públicos, por lo que esas imputaciones excedieron de su función y lesionaron su honor.
La resolución, que puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, ordena además la publicación del fallo en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) y en el boletín oficial de Les Corts. No obstante, el tribunal rechaza otras pretensiones de la exgerente, como exigir al parlamento valenciano que anule expresamente el dictamen de la comisión.