Valencia se planta ante el "matonismo político" de Óscar Puente e irá a los tribunales contra su Ministerio

El Ayuntamiento de Valencia ha dado el primer paso para acudir a los tribunales contra el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible después de que este departamento haya rechazado ampliar los plazos para ejecutar varias obras vinculadas a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y a proyectos de movilidad sostenible financiados con fondos europeos. Hay que recordar que el rechazo de Vox al proyecto de ZBE del PP en el consistorio y la negativa de los 'populares' a tragar con las exigencias de PSPV y Compromís para aprobar su iniciativa, hace que, en estos momentos, la Zona de Bajas Emisiones en el 'cap i casal' este totalmente empantanada, motivo por el cuál la ciudad podría perder una gran cantidad de millones en fondos europeos. 

El concejal de Movilidad y presidente de la EMT, Jesús Carbonell, ha cargado duramente contra el ministro Óscar Puente, al que ha acusado de mantener una actitud de “persecución política” hacia el Ayuntamiento de Valencia. En sus declaraciones, ha hablado de “matonismo, maltrato institucional y ninguneo”, y ha sostenido que la negativa a ampliar los plazos se apoya en argumentos falsos y contradictorios.

El responsable municipal ha confirmado este viernes que el consistorio ha formulado ya un requerimiento previo a la vía judicial, una medida que abre la puerta a un contencioso contra el Gobierno central. Según ha explicado, la decisión ministerial afecta a trece proyectos municipales relacionados tanto con movilidad como con urbanismo.

Carbonell ha detallado que el paquete de ayudas asciende a casi 20 millones de euros y engloba actuaciones de gran envergadura, entre ellas peatonalizaciones, la remodelación de la avenida Pérez Galdós —la obra más importante que se ejecuta en València en las últimas tres décadas— y diversos carriles bici.

En el caso concreto de Pérez Galdós, el edil ha precisado que están pendientes de ejecutar 1,8 millones de euros de un total de 8 millones concedidos, lo que supone que el proyecto ya alcanza un 85 % de ejecución. En cuanto a los carriles bici, quedaría por ejecutar 1,2 millones, con un grado de cumplimiento cercano al 75 %.

Carbonell ha asegurado que la resolución del Ministerio no responde a criterios técnicos, sino a una decisión personal y política del titular de Transportes. A su juicio, no se están aplicando los mismos baremos que otros departamentos del Gobierno.

Uno de los puntos clave del enfrentamiento es el impacto de la dana en los calendarios de ejecución. El concejal ha subrayado que otros ministerios, como Hacienda o Transición Ecológica, sí han adaptado las bases de sus convocatorias para permitir prórrogas debido a los retrasos provocados por el temporal, algo que —según denuncia— Transportes se ha negado a hacer.

“El Ayuntamiento llegará donde haga falta para que no se pierda ni un solo euro de fondos europeos”, ha advertido Carbonell, que ha confirmado que el consistorio iniciará una ofensiva judicial contra el Gobierno de Pedro Sánchez si no se rectifica la decisión.

Con este movimiento, el conflicto entre el Ayuntamiento de Valencia y el Ministerio de Transportes escala al terreno judicial, con la Zona de Bajas Emisiones, la ejecución de los fondos europeos y la gestión de los efectos de la dana como telón de fondo.