Compromís exige la "democratización" de la justicia tras la reapertura del 'caso Oltra'

Compromís, los mismos que utilizaban las resoluciones de la Audiencia de Valencia para aplaudir la instrucción llevada cabo por la jueza de la dana —instrucción que hoy ha quedado en entredicho—, cargan ahora contra el tribunal por reabrir el caso de la exvicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, y otros altos cargos de la Conselleria de Servicios Sociales por, presuntamente, encubrir los abusos sexuales a una menor tutelada y exigen una "democratización" urgente de la justicia. Los dos diputados de la coalición en la Cámara Baja, Águeda Micó —integrada en el Grupo Mixto— y Alberto Ibáñez —adscrito a Sumar—, comparecieron juntos este martes para lanzar un mensaje rotundo: “No hay caso”.

Micó considera que, a lo largo de la instrucción, el juez encargado de la investigación han dejado claro que no existen fundamentos penales sólidos contra Oltra. A su juicio, el proceso responde a una “persecución judicial y política” que calificó de “inasumible” en un Estado de Derecho. La diputada insistió en que el relato del llamado “caso Oltra” no se sostiene jurídicamente y denunció que tanto la exvicepresidenta como antiguos miembros de su equipo en la Conselleria de Igualdad han sido sometidos durante más de dos años a una persecución judicial y mediática injustificada.

Por su parte, el que fuera asesor de la propia Oltra antes de ser diputado en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha calificado la jornada de hoy como un día "triste" al mismo tiempo que de poco o nada sirve desclasificar las archivos del 23 F —en relación a la decisión del Gobierno— mientras no se "democratice" el sistema judicial. Ibáñez fue más allá y enmarcó el proceso en lo que definió como un caso de lawfare, es decir, el uso de procedimientos judiciales para apartar adversarios políticos. Según su lectura, el objetivo habría sido apartar a “la mejor líder que han tenido los valencianos” para facilitar políticas privatizadoras y favorecer intereses partidistas.