Baño, ante la comisión del Bono Comercio: “Ni me he enriquecido yo, ni mi familia, ni la junta directiva de Facpyme”

El presidente de la Federación de Comercio y Pymes de la Provincia de Alicante, Carlos Baño, defendió este miércoles ante la Comisión de Investigación de los Bonos Comercio de la Diputación de Alicante, ante la que compareció voluntariamente, la actuación de Facpyme en la gestión de las campañas del Bono y negó de forma tajante cualquier enriquecimiento personal o desvío de fondos públicos, durante su comparecencia ante la comisión que investiga este programa de ayudas al consumo local.

Baño, que se limitó a declarar ante los diputados de la comisión, pero no se sometió a sus preguntas por recmendación de su abogado, sostuvo que Facpyme “no nació por el Bono Comercio”, sino con el objetivo de “representar y defender al pequeño y mediano comercio de la provincia de Alicante”. En este sentido, reivindicó que el Bono Comercio fue “una respuesta a una necesidad real” surgida durante la pandemia para incentivar las compras en los establecimientos de proximidad y favorecer la circulación del dinero en los municipios.

El responsable de la patronal comercial aseguró que las acusaciones e insinuaciones vertidas en torno a la gestión del programa le han afectado personalmente. “No es fácil escuchar insinuaciones sobre enriquecimiento personal, sobre desvío de fondos o sobre falsedad cuando uno sabe que no se ha llevado a su bolsillo ni un solo euro de dinero público”, afirmó.

Durante su intervención, Baño quiso lanzar un mensaje “claro, sencillo y directo” para rechazar cualquier beneficio económico irregular derivado de la iniciativa. “No me he enriquecido personalmente con el Bono Comercio. Ni yo, ni mi familia, ni mis compañeros de la Junta Directiva de Facpyme”, declaró. Asimismo, negó que hubiera “reparto de beneficios personales”, “pagos ocultos” o “gastos privados pagados con fondos públicos”.

El presidente de Facpyme defendió además la legalidad de la actividad desarrollada por la organización. Según explicó, la entidad podía colaborar en programas públicos de apoyo al comercio y recibir una compensación económica por los servicios prestados dentro de esos proyectos. “Facpyme actuaba como entidad colaboradora o gestora dentro de un programa público promovido por las administraciones correspondientes”, señaló.

Baño recordó también que una asociación sin ánimo de lucro puede desarrollar actividades económicas, siempre que los beneficios no se repartan entre los asociados ni se destinen a fines ajenos a la organización. En este contexto, insistió en que las campañas del Bono Comercio implicaban una gestión compleja y requerían capacidad técnica y organizativa.

“Quien haya gestionado una campaña de estas características sabe lo que supone hacer que un programa público funcione en la realidad, en la calle, en los comercios y ante miles de usuarios”, afirmó. A su juicio, la Ley General de Subvenciones contempla la figura de la entidad colaboradora y permite que exista una compensación por los servicios realizados.

Exige criterios técnicos y contables

El dirigente empresarial defendió igualmente la realidad de los trabajos ejecutados y pidió que el análisis de la causa se base en criterios técnicos y contables. “Los servicios existieron, se prestaron y deberán ser analizados con criterios técnicos, contables y periciales, no con sospechas ni con titulares”, manifestó. En este sentido, animó a revisar “los certificados favorables emitidos por la práctica totalidad de los municipios de todos los colores políticos”.

Otro de los puntos centrales de su comparecencia fue la referencia a Nexo Retail Alicante S.L., sociedad que, según explicó, era propiedad íntegra de FACPYME y actuaba como “herramienta operativa” para profesionalizar y ordenar la gestión de las campañas. Baño defendió que, ante programas que requerían plataformas tecnológicas, gestión de datos, atención a comercios y ejecución simultánea en distintos municipios, “utilizar una estructura operativa puede ser razonable y lícito”.

Asimismo, negó que existiera doble facturación o emisión de facturas falsas. “Niego que haya existido doble facturación, niego que se hayan facturado trabajos inexistentes y niego que se hayan presentado facturas falsas”, sostuvo. Aunque admitió que en una fase inicial Nexo pudo utilizar medios de Facpyme, aseguró que ello podría abrir “un debate sobre organización interna, imputación de costes o documentación mercantil”, pero no invalidaría los servicios realizados.

Por último, Baño reclamó que la instrucción judicial continúe “con rigor”, mediante el análisis de documentos, expedientes y justificaciones, además de posibles periciales económicas que permitan comprobar “la trazabilidad de los servicios, su realidad, su utilidad y su valor de mercado”.

El presidente de Facpyme concluyó apelando a la presunción de inocencia y al procedimiento judicial en curso. “La presunción de inocencia no es una frase bonita. Es una garantía constitucional”, afirmó, y solicitó que “no se dé por probado lo que todavía está siendo investigado”.

El PSPV abondonó la comisión

Por su parte, el equipo de gobierno de la Diputación de Alicante, del PP, ha defendido el "derecho" del presidente Facpyme a no contestar preguntas en la comisión de investigación de este asunto en la institución provincial.

Mientras tanto, desde la oposición, el PSPV-PSOE, que ha abandonado la reunión, ve en este órgano una "pantomima", Compromís habla de una explicación "muy pobre" y Vox rechaza hacer "juicios paralelos".