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Emilio Argüeso recurre la no investigación de Miguel Polo por parte de la jueza de la dana

La defensa del exsecretario autonómico de Emergencias considera que sí argumentó de manera clara los motivos por los cuáles se debía investigar al presidente de la CHJ, José Miguel Basset, Inma Piles y Aurora Roca y considera que al mantenerse la vía penal todos los posibles responsables deben ser investigados, por una cuestión de equidad y garantías procesales.

El exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso

El exsecretario autonómico de Emergencias Emilio ArgüesoRober Solsona

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El exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, imputado por la jueza que investiga la gestión de la dana —a pesar de que la Fiscalía no considera necesaria su imputación—, ha recurrido, a través de su defensa, el auto dictado el pasado 24 de abril por la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja. En dicho auto se rechazaba su petición de que fueran citados como investigados Miguel Polo, presidente de la CHJ; José Miguel Basset, inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos; Inmaculada Piles, jefa del servicio autonómico de Emergencias; y Aurora Roca, técnica de Emergencias de la Generalitat.

La jueza fundamentó su negativa en que Argüeso "carece de legitimación procesal" para solicitar nuevas imputaciones y en que no se justificaba de forma concreta por qué esas personas debían ser citadas como investigadas.

La defensa de Argüeso, sin embargo, sostiene que, si bien su cliente no puede ejercer la acción penal contra terceros al estar investigado, sí puede, en virtud del derecho de defensa recogido en el artículo 24 de la Constitución, pedir que se investigue a otras personas si eso refuerza su posición procesal.

Además, el abogado rechaza que la solicitud careciera de argumentación. Asegura que su petición se basaba en que "nos encontramos ante posibles delitos y no ante una simple cuestión administrativa", por lo que ve incoherente que solo su cliente y otros cargos estén imputados. La defensa sostiene que, si se mantiene como investigada a Salomé Pradas —exconsellera de Emergencias— por no haber enviado a tiempo un aviso de emergencia (el conocido como ES-Alert), también deberían investigarse posibles responsabilidades de otros cargos que estaban presentes en el Cecopi (el centro de coordinación) ese día.

Argüeso pedía la imputación de:

  • Miguel Polo, por no haber avisado al centro de coordinación de la gravedad de la crecida del río Poyo, pese a tener la información.
  • José Miguel Basset, por ordenar la retirada de los bomberos forestales encargados de vigilar el barranco del Poyo, sin comunicarlo.
  • Inmaculada Piles, por no trasladar al CECOPI las alertas recibidas en el 112.
  • Aurora Roca, por no informar a los presentes de lo que difundían los medios de comunicación aquella tarde.

La defensa sostiene que, si se mantiene la vía penal en este caso, y no se considera solo una falta administrativa, todos los posibles responsables deben ser investigados, por una cuestión de equidad y garantías procesales.

El recurso finaliza pidiendo al juzgado que revoque su decisión y cite a las cuatro personas mencionadas como investigadas, para que puedan declarar con las mismas garantías legales que el resto de implicados.

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