Los vecinos pierden la batalla contra el puerto: el TSJCV avala la ZAL y despeja los obstáculos judiciales

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha desestimado el recurso presentado por la Asociación Ciudadana per L’Horta contra la resolución de la Conselleria de Vivienda de 2018 que aprobó definitivamente el Plan Especial de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto de Valencia.

El fallo sigue la línea marcada por el Tribunal Supremo, que en octubre de 2024 estimó los recursos de la Generalitat Valenciana y de Valencia Plataforma Intermodal y Logística (VPI Logística), sociedad pública encargada del desarrollo de la ZAL, anulando parcialmente una sentencia previa de 2022 y ordenando al TSJCV dictar una nueva resolución sobre los aspectos que no habían sido analizados.

El TSJCV ha desestimado ahora esos otros ocho motivos del recurso de la asociación demandante, algunos de ellos tras aplicar los razonamientos jurídicos recogidos en el fallo del Supremo, como en lo relativo al emplazamiento elegido por la Administración para la ZAL, en suelo ubicado en el barrio de La Punta. 

El alto tribunal sostiene que el recurso de la Asociacion Ciudadana per L’Horta "en torno a la falta de estudio que justifique adecuadamente la viabilidad económica del Plan Especial de la ZAL” no puede "prosperar", recoge la nueva sentencia del Tribunal Superior.

Los magistrados tampoco aprecian una vulneración por la Administración de un artículo legal que dispone un trámite de consulta previa ni una infracción de la Ley de Ordenación del Territorio (LOTUP) por la ausencia de un estudio de integración paisajística.

El proyecto de la ZAL fue impulsado a finales de los años noventa por el Gobierno autonómico presidido por Eduardo Zaplana con la intención de crear un gran polo logístico asociado al puerto. Las obras comenzaron en 2001 tras la expropiación de los terrenos de La Punta, pero las protestas vecinales y las irregularidades urbanísticas detectadas por los tribunales obligaron a paralizar la actuación en 2004. Desde entonces, la iniciativa ha permanecido bloqueada entre recursos y revisiones judiciales. En este tiempo, empresas como MSC o Raminatrans, que habían anunciado inversiones millonarias, han renunciado a instalarse ante la falta de seguridad jurídica.

Ahora, más de dos décadas después del inicio del conflicto, el TSJCV respalda la legalidad del plan y despeja el camino para su ejecución. En caso de que la sentencia quede firme, la Generalitat Valenciana y VPI Logística, como administraciones promotoras, podrán activar la fase de ejecución del proyecto, que contempla la urbanización de las 72 hectáreas de suelo logístico de La Punta, la construcción de viales, redes de saneamiento y energía, y la creación de parcelas para empresas de transporte, logística y distribución vinculadas al puerto. Además, el plan incluye medidas de integración ambiental y paisajística en el entorno de la huerta, exigidas por los tribunales en sus anteriores fallos.