El túnel de Serrería, el agujero negro del Ministerio de Óscar Puente: 635.000 euros gastados, cuatro años parado y ninguna explicación

El Ayuntamiento de Valencia ha dicho basta y va con todas para que, al fin, el Gobierno de Sánchez se pronuncie sobre una de sus grandes reivindicaciones. Cuatro años y medio de silencio ministerial, más de 635.000 euros de dinero público en el limbo y un proyecto estratégico para la ciudad paralizado sin explicación. La alcaldesa, María José Catalá, ha anunciado el registro en el Congreso de los Diputados de seis iniciativas parlamentarias para forzar al Ministerio de Transportes a dar la cara sobre el bloqueo del soterramiento de las vías del tren en la prolongación sur del túnel de Serrería.

La ofensiva parlamentaria, firmada por la diputada popular Alma Alfonso, se despliega en cuatro frentes simultáneos: la situación contractual y económica del Estudio Informativo, las contradicciones del Ministerio sobre el Estudio de Viabilidad de 2015, el incumplimiento de resoluciones firmes del Consejo de Transparencia y el trato dispensado al Ayuntamiento de Valencia. En total, dos solicitudes de documentación dirigidas al ministro Óscar Puente y al presidente de ADIF, y cuatro baterías de preguntas escritas al Gobierno.

La historia que hay detrás de esta ofensiva es un relato de opacidad administrativa difícil de justificar. El contrato para redactar el Estudio Informativo fue firmado en enero de 2020 con un plazo de 24 meses. A falta de apenas dos meses para su conclusión, cuando el adjudicatario llevaba ejecutado el 76% del trabajo y había cobrado 193.387 euros, el Ministerio lo suspendió de golpe en noviembre de 2021. Desde entonces, silencio absoluto: sin reanudación, sin modificación, sin resolución, sin explicación.

A ese gasto hay que sumarle los 441.787 euros que ADIF Alta Velocidad pagó en 2014 por un Estudio de Viabilidad entregado en 2015 y que ahora el propio ministerio intenta hacer pasar por "obsoleto" y "auxiliar", pese a que el Consejo de Transparencia ya ha ordenado su entrega íntegra y ADIF sigue sin ejecutar esa resolución firme. En total, más de 635.000 euros de dinero público invertidos en dos fases sucesivas del mismo proyecto que hoy no han producido ningún resultado tangible para la ciudad.

Las contradicciones del Ministerio son, según defiende el gobierno de María José Catalá, de manual. En junio de 2023, la Dirección General de Planificación Ferroviaria afirmó que el contrato seguía suspendido por la necesidad de coordinar resultados con otros organismos. Cuatro meses después, el mismo órgano afirmó exactamente lo contrario: que no constaban en el expediente peticiones de informe a ningún organismo ligado a la suspensión. Dos respuestas oficiales, la misma pregunta, conclusiones radicalmente opuestas.

Catalá ha sido especialmente dura con el argumento que el Ministerio ha utilizado para escudarse: que las obras no pueden abordarse mientras no concluya el túnel pasante porque cortarían el Corredor Mediterráneo. La alcaldesa recuerda que analizar precisamente cómo ejecutar las obras sin interrumpir el tráfico ferroviario era una obligación contractual expresa del adjudicatario, una pregunta que el propio Ministerio había contratado responder y que estaba a dos meses de tener respuesta cuando decidió paralizar todo. "La excusa del túnel pasante es una falacia administrativa", ha sentenciado.

"Si el Ministerio no responde al Ayuntamiento, si no responde al Consejo de Transparencia y si no responde a los ciudadanos, responderá al Congreso de los Diputados", ha advertido Catalá. "Un Gobierno que se esconde de los controles democráticos es un Gobierno que tiene algo que ocultar".