Yolanda Díaz quiere imponer un delegado de prevención hasta en empresas de un solo trabajador

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado este martes en el Senado su intención de imponer un delegado de prevención incluso en empresas con un solo trabajador, en el marco de la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que su departamento negocia actualmente con los agentes sociales.

En un nuevo giro intervencionista, Díaz ha asegurado que el Gobierno modificará la ratio por la que actualmente una empresa necesita contar con un servicio propio de prevención (ahora fijada en 500 empleados), bajando drásticamente ese umbral. De este modo, todas las empresas deberán contar con al menos una figura de prevención, lo que incrementará considerablemente la carga de gestión especialmente para las pequeñas y medianas empresas.

Durante su intervención en el Senado, y tras una pregunta de EH Bildu, la ministra reconoció abiertamente que “la privatización de los servicios de prevención no es eficaz”, pese a que el 90% de las compañías delegan estas funciones en empresas externas especializadas. La senadora vasca Idurre Bideguren denunció además que el 60% de los accidentes graves y mortales se concentran en empresas con menos de 25 trabajadores.

Díaz ha utilizado ese dato para justificar su nueva reforma, subrayando que en 2024, 796 personas perdieron la vida en su puesto de trabajo y prometiendo que “esto no puede volver a pasar en España”. Sin embargo, ni una mención al impacto económico o logístico que esta nueva obligación supondrá para miles de autónomos y pequeñas empresas, a los que se suma una nueva carga sin concretar aún los recursos o apoyos necesarios.

Una vez más, el Gobierno de Sánchez prioriza el anuncio y el gesto político por encima de la realidad del tejido productivo español, dominado por pymes y autónomos que ven cómo se les imponen más exigencias, sin que se aborden los problemas estructurales de fondo que afectan a la seguridad laboral.