El Gobierno aprieta el cerco a los alquileres turísticos con un registro único desde el 1 de julio

A partir del 1 de julio de 2025, los alquileres de corta duración en España estarán bajo un nuevo marco regulatorio europeo que busca poner orden en un sector señalado por su impacto en la crisis de la vivienda. 

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha anunciado la puesta en marcha de un Registro Único de Arrendamientos, obligatorio para todos los alojamientos turísticos o de temporada, con el objetivo de combatir el fraude y promover un mercado “transparente”. 

Sin embargo, esta medida, que centraliza trámites y endurece la supervisión, genera dudas sobre su eficacia y el riesgo de burocratizar un sector clave para el turismo español.

El reglamento europeo 2024/1028 establece que, a partir del 1 de julio, cualquier vivienda destinada a alquileres de corta duración deberá contar con un número de registro para operar legalmente. Los propietarios tendrán desde el 2 de enero de 2025 para presentar su solicitud en el Colegio de Registradores, acompañada de documentación como la referencia catastral, la dirección exacta, el modelo de alquiler (vivienda completa o por habitaciones), la capacidad de ocupación y el cumplimiento de las normativas autonómicas. 

Aquellos alojamientos que no obtengan este código antes de la fecha límite quedarán fuera de la legalidad, lo que podría suponer un golpe para miles de propietarios y plataformas digitales como Airbnb o Booking.

El Ministerio, liderado por Isabel Rodríguez, defiende que la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos simplificará los trámites y facilitará la supervisión por parte de las administraciones, pero la medida no está exenta de críticas.

Muchos ven en este registro un nuevo intento del Gobierno de aumentar el control sobre un sector que genera millones de euros y empleos, pero que también ha sido acusado de encarecer el acceso a la vivienda en zonas turísticas. La campaña de concienciación lanzada por el Ejecutivo busca calmar las aguas, pero no oculta las tensiones entre la necesidad de regulación y la libertad de mercado. 

Con el turismo como motor económico, la nueva normativa será una prueba de fuego para un Gobierno que promete transparencia, pero que, para muchos, sigue acumulando medidas que complican la vida a los ciudadanos.