Castilla y León duplica sus ayudas al alquiler

La Junta de Castilla y León vuelve a sacar pecho con su política de vivienda. El Ejecutivo autonómico ha anunciado este lunes una ampliación histórica del presupuesto destinado a ayudas al alquiler, que alcanza los 48,9 millones de euros, más del doble de los 19,5 millones inicialmente previstos. Con este incremento, el Gobierno regional dará cobertura a los 21.006 solicitantes que cumplen los requisitos, sin dejar a nadie en lista de espera.

La resolución de la convocatoria de ayudas al alquiler, correspondiente a octubre de 2024, se publicará este martes en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL). Según avanzó el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, la dotación final no solo duplica lo presupuestado en un primer momento, sino que también supera en 8,5 millones la cantidad asignada en 2023, con un crecimiento del 13,8 %.

“La vivienda es una prioridad para este Gobierno”, sentenció Mañueco durante la presentación. “Queremos ayudar a los jóvenes a emanciparse, a las familias a llegar a fin de mes, a los mayores a vivir con dignidad y a fijar población en nuestros pueblos”, añadió, destacando el carácter social, útil y responsable de esta política, impulsada, recordó, desde el marco del Diálogo Social.

Más cobertura, más beneficiarios

Los datos respaldan el anuncio. La convocatoria ha recibido 31.362 solicitudes, un 14,9 % más que el año anterior, y finalmente se han concedido 21.006 ayudas, con un importe medio de 2.331 euros por familia (un 5,8 % más que en 2023). El reparto de las ayudas se realizará íntegramente durante este mes de julio, gracias al esfuerzo de medio centenar de empleados públicos que han resuelto los expedientes en cinco meses y medio, medio mes antes del plazo legal establecido.

El perfil de los beneficiarios confirma la orientación social del programa. Más del 60 % de las personas receptoras son mujeres (12.694), casi un 30 % son jóvenes menores de 36 años (6.280), y de estos, el 64,4 % son mujeres jóvenes. A ellos se destinan más de 17,2 millones de euros, el 35,2 % del total. También se incluyen 2.111 mayores de 65 años, que recibirán un total de 4,37 millones.

La renta de los beneficiarios muestra el alcance real del apoyo: el 98 % no supera tres veces el IPREM (25.200 euros anuales), el 76,6 % está por debajo del doble del indicador (16.800 euros), y casi la mitad, el 44 %, no alcanza ni una vez el IPREM (8.400 euros).

Además, se han registrado 2.260 familias numerosas beneficiarias, de las cuales 705 tienen categoría especial. En cuanto a las unidades de convivencia con personas con discapacidad, han recibido ayuda 4.003. La convocatoria también incluye a 185 personas que perdieron el uso de la vivienda por sentencia de divorcio o separación y cuatro víctimas del terrorismo.

Más facilidades y mayor cobertura rural

Una de las principales novedades de esta convocatoria es el incremento del porcentaje de subvención, que se mantiene en el 50 % para la mayoría de beneficiarios, pero asciende al 60 % para jóvenes menores de 36 años y llega al 75 % cuando estos residen en zonas rurales. Este mismo porcentaje también se aplica a familias especialmente vulnerables.

Además, se han revisado los límites máximos de renta del alquiler: de los anteriores 375 y 500 euros se pasa ahora a entre 450 y 550 euros mensuales, dependiendo de la provincia y del ámbito rural o urbano. El alquiler de habitaciones también sigue incluido en el programa, con topes de 150 euros en zonas rurales y 200 en municipios urbanos.

La Junta amplió el plazo de presentación de solicitudes hasta el 31 de enero de 2025, permitiendo a los solicitantes adjuntar justificantes de pago junto con la solicitud, lo que ha agilizado la tramitación.

Una década de ayudas y un futuro prometedor

Desde el año 2015, Castilla y León ha concedido ayudas al alquiler a un total de 131.096 familias, con un montante global que supera los 237 millones de euros. La Junta también gestiona más de 3.100 viviendas en régimen de alquiler social y tiene en marcha la construcción de otras 1.350 viviendas públicas. Además, impulsa programas de rehabilitación de inmuebles vacíos, avales para la compra de vivienda libre y descuentos del 20 % para jóvenes en la compra de vivienda pública.

En este contexto, Fernández Mañueco no quiso pasar por alto el trabajo del personal administrativo encargado de resolver la convocatoria: “Gracias a su esfuerzo y profesionalidad, estas ayudas van a llegar puntualmente a sus destinatarios durante el mes de julio. Es un ejemplo de cómo una administración puede ser eficaz cuando se lo propone”, aseguró.

Tensión con los sindicatos: “Esto no es solo mérito de la Junta”

No todo han sido aplausos. Desde CCOO Castilla y León, su secretaria general, Ana Fernández, lamentó este lunes que la Junta haya excluido al sindicato del acto oficial de presentación de las ayudas, pese a que estas se enmarcan en los acuerdos del Diálogo Social. “La política de vivienda no es una medalla que pueda colgarse la Junta en solitario”, criticó. “Es el resultado del esfuerzo conjunto de todos los agentes sociales”.

Fernández también advirtió sobre los riesgos del actual contexto económico, al señalar que la vivienda “está perdiendo atractivo para los grandes inversores”, lo que podría provocar un desplazamiento de capitales hacia otros sectores y frenar el crecimiento del parque de vivienda en alquiler. “Debemos seguir fomentando una vivienda digna, accesible y sostenible, con especial atención al parque público”, subrayó.

Por último, la dirigente sindical reivindicó más medidas que mejoren la eficiencia energética y la accesibilidad de las viviendas, al considerar que tienen un impacto directo tanto en la calidad de vida como en el medio ambiente.

Una política con cifras, pero también con sensibilidad

Con este anuncio, Castilla y León se consolida como una de las comunidades que más apuesta por políticas públicas de vivienda con enfoque social. Las cifras hablan por sí solas, pero la clave está también en el alcance real de estas ayudas, que buscan dar respuesta a una necesidad tan básica como la del acceso a un hogar. Y todo ello, sin olvidar que detrás de los números hay miles de historias, de jóvenes que se independizan, de mayores que viven con más seguridad o de familias que encuentran un respiro económico.

La vivienda, más allá del ladrillo, sigue siendo una cuestión de derechos.